La Ley de Responsabilidad Social que prohíbe contratar con empresas en paraísos fiscales sigue su trámite parlamentario

Pleno de les Corts de archivo
INMA CABALLER
Publicado 19/04/2018 12:12:06CET

VALÈNCIA, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El pleno de Les Corts ha rechazado, con los votos de PSPV, Compromís y Podem y la abstención del Cs, devolver al Consell la Ley de Responsabilidad que contempla la prohibición de trabajar con empresas que operen o estén en paraísos fiscales, como pedía el PP en una enmienda a la totalidad, por lo que la norma sigue su trámite parlamentario.

Durante la defensa de esta norma, el conseller Alcaraz ha destacado que en ella se han plasmado las sugerencias de diferentes organizaciones y entidades sociales de la Comunitat porque la responsabilidad Social "supone por encima de todo un cambio de cultura que implica a toda la sociedad". Asimismo, ha enfatizado que juega un papel fundamental en el cambio de modelo productivo y en la construcción de una sociedad "más inclusiva y cohesionada".

Así, el proyecto incorpora cláusulas de responsabilidad social en la contratación pública que establecen que las personas o entidades licitadoras, contratistas o subcontratistas, empresas filiales o empresas interpuestas no pueden realizar operaciones financieras en paraísos fiscales. Asimismo, el documento incluye medidas de planificación como un Plan Valenciano de Responsabilidad Social o la creación de órganos de participación y consulta como el Consejo y Observatorio Valenciano de Responsabilidad Social.

No obstante, para el diputado del PP Juan Carlos Caballero este proyecto es "un panfleto marca ideológica de la casa" y un ejemplo más de "cómo el Consell quiere imponer sus políticas separatistas".
Ha remarcado que la Responsabilidad Social merece "toda la atención y sensibilidad", pero ha considerado que esta ley "de retórica tiene mucha", pero "de incentivos y acciones de fomento nada de nada".

"Compartimos el espíritu, pero 'no' con mayúsculas a un nuevo panfleto marca ideológica de la casa, mera propaganda engañosa, escaso contenido real y práctico para las empresas, nulo contenido presupuestario e imposición y discriminación".

A su juicio, es una "mera propaganda engañosa" porque carece de presupuesto y "se olvida y da la espalda a pymes, microempresas y autónomos". "Es papel mojado y estamos cansados aprobar leyes que no sirven para nada. Queremos acciones concretas y presupuesto", ha remarcado Caballero que ha insistido en que la norma no introduce "nada nuevo" porque los conceptos que formula como novedosos "ya están regulados" en normativas nacionales y europeas.

Además, ha señalado que "crea problemas donde no los hay" y el texto "divide, enfrenta y discrimina" al introducir "una cláusula lingüística" que "impone" el valenciano para calificar a una empresa como socialmente responsable. "¿Qué tiene que ver la lengua con la responsabilidad social?", se ha preguntado para advertir de que esta cuestión supone "racismo lingüístico" y ha preguntado: "¿Cuál es la responsabilidad social de Crespo Gomar? ¿Van a pedir el compromiso de que esas empresas dejen de ser socialistamente irresponsables?".

Asimismo, el diputado de Cs Toni Woodward ha considerado que la norma no es todo lo "ambiciosa que debería de ser" y se basa en "titulares fáciles sin contenido alguno" y ha criticado la "inclusión del tema lingüístico en el ámbito de la responsabilidad social creando otra vez confrontación y conflicto innecesario".

"NI CON PRESUPUESTO NI ESTRATEGIA"

Por su parte, Graciela Ferrer de Comrpomís ha respondido a Caballero y le ha afeado que lo que no aportó "nada" fue lo que hizo el gobierno del PP "unos días antes de dejar el Consell con la elaboración de "un decreto para hablar de manera genérica de la Responsabilidad Social" que no contaba ni con "presupuesto ni estrategia".

Ha defendido que la norma fomenta en las empresas el poder acreditar su gestión y perfil en el ámbito de la responsabilidad social con incentivos e incorporación de cláusulas sociales en la contratación pública. "El PP no tiene argumentos y lo que tiene es ganas de denostar el trabajo que se está haciendo en pro de la trasparencia, buen gobierno, la rendición de cuentas y la mejora de la contratación pública", ha subrayado.

Para José Almería de Podem, la enmienda a la totalidad presentada por el PP como "una parte de su actitud sistémica de obstáculo" a la acción legislativa y ha destacado que la efectividad de las medidas se verá conforme la aplicación de las medidas.

Finalmente, Clara Tirado del PSPV ha remarcado que las empresas "o son responsables socialmente o no podrán ser competitivas", por lo que ha puesto en valor esta norma de la que ha destacado que contempla vertientes que pasan por el comercio justo, la igualdad de género, cuestiones ambientales, transparencia y lucha contra la corrupción. "La responsabilidad social de la empresa va más allá de la pura filantropía o acción social, es una política integral que imprenga la gestión de las empresas desde convencimiento de que para ser competitivas hay que ser socialmente responsables", ha subrayado.