Medio Ambiente abre un proceso de responsabilidad por electrocución de aves en La Safor

 

Medio Ambiente abre un proceso de responsabilidad por electrocución de aves en La Safor

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Búho real nacido en Molino del Inca en Torremolinos
EUROPA PRESS/AYTO. TORREMOLINOS
Publicado 04/04/2017 14:14:32CET

VALENCIA, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Medio Natural y Evaluación Ambiental ha iniciado, tras solicitarlo Fiscalía de Valencia, un procedimiento de responsabilidad medioambiental por la electrocución de aves en una zona protegida de La Safor. Así mismo, ha acordado asumir las medidas de prevención en una línea de su propiedad que transcurre por la zona afectada.

El departamento de Medio Ambiente ha adoptado estas precauciones después de que el ministerio público se lo exigiera al haberse registrado desde 2005 hasta marzo de 2016 un total de 24 muertes por electrocución de aves protegidas en la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de la Serra del Montdúver y la Marjal de la Safor.

En concreto, la Fiscalía solicitó a primeros de febrero que se abriese un procedimiento de responsabilidad medioambiental --no sancionador-- a las empresas propietarias de las torres de alta tensión instaladas en estos terrenos. Se trata de Iberdrola Distribución Eléctrica SAU, Correos y Telégrafos, la propia Generalitat Valenciana-Retevisión Mondúver y Renfe.

Un mes después del requerimiento, el 8 de marzo, la Dirección General de Medio Natural y Evaluación Ambiental acordó la incoación del procedimiento de responsabilidad y, hasta la fecha, solo se ha personado el representante de Iberdrola. El proceso se encuentra en fase de alegaciones, han informado desde el departamento de Medio Ambiente a Europa Press.

Así mismo, la Generalitat tiene previsto, tal y como ha comunicado a Fiscalía, asumir las medidas de prevención y evitación de electrocución en la línea de su propiedad que transcurre por la zona afectada. Para ello, el Servicio de Vida Silvestre ha realizado una propuesta de contrato menor para la corrección de los nueve apoyos, propiedad del Consell, en dicha ZEPA, han indicado las mismas fuentes.

Este procedimiento de responsabilidad iniciado por el Consell consiste en instar a las empresas responsables de estos hechos a reparar los daños causados, si es posible, y a evitar que vuelvan a registrarse en el futuro. En caso de no hacerlo, la Administración tiene potestad para realizar una ejecución forzosa y cargarle luego los costes a las entidades implicadas.

DESDE MAYO DE 2016

En mayo de 2016 el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil en Gandia (Valencia) remitió un atestado a la Fiscalía que motivó una investigación penal en torno al fallecimiento de estas aves protegidas. Transcurridos unos meses, se archivó esta vía y se inició una investigación en la Sección de lo Contencioso-Administrativo que derivó en esta reclamación a conselleria.

Las empresas cuestionadas, según recoge el escrito del fiscal, mantienen apoyos o torretas en esta zona protegida de la Safor, por donde tienden líneas de media tensión eléctrica, sin adoptar medidas para prevenir y evitar la colisión y electrocución de las aves. Como consecuencia, tal y como indica el Seprona, desde abril de 2005 hasta marzo de 2016 se tienen registradas 24 muertes por electrocución de aves protegidas. Se trata de ocho búhos reales; cinco ratoneros; nueve águilas calzadas; y dos cernícalos.

El mismo informe del Seprona concluía que la elevada mortalidad de la avifauna por la ausencia de medidas de protección eléctrica estaba causando graves desequilibrios en el ecosistema "que se traducen en multitud de plagas que causan graves pérdidas en la agricultura, accidentes y, sobre todo, un peligro potencial en cuanto a la pérdida de la biodiversidad".

El fiscal propuso como medidas para evitar la electrocución las recogidas en el Real Decreto 1432/2008, por el que se establecen consejos para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión; y las que contempla la Resolución complementaria de octubre de 2010 del conseller de Medio Ambiente.

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