VALENCIA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -
El poeta valenciano Miguel Hernández, quien escribió "hay un rayo de sol en la lucha que siempre deja la sombra vencida", inspira el anteproyecto de Ley de Memoria Democrática y por la Convivencia de la Comunitat Valenciana, que prohibirá la exhibición de símbolos franquistas y pedirá patrimonio incautado por las fuerzas golpistas en la autonomía.
Así lo ha puesto de manifiesto este miércoles la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, durante la presentación de esta iniciativa, en un acto en el que ha estado acompañada por el presidente de la Generalitat, Ximo Puig; la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra; y familiares de víctimas del franquismo.
Existe, tal y como ha indicado Bravo, un "deber de memoria" hacia Miguel Hernández y hacia otras víctimas de los años "más oscuros" de la historia contemporánea. Por este motivo, el 28 de marzo, día en el que el poeta murió consumido por el cansancio y la enfermedad en la cárcel de Alicante, se propone como jornada del recuerdo y homenaje a la Memoria Democrática de la Comunitat.
Además, se está articulando una ley --que está previsto que se apruebe antes del verano o en septiembre de 2017-- que quiere integrar a todas las víctimas: "No es una ley revanchista. Busca recuperar para las víctimas tres derechos fundamentales: la verdad, la justicia y la memoria", ha especificado Bravo.
El primer objetivo: la verdad. La normativa, según ha explicado la consellera, prevé una serie de medidas de reconocimiento y apoyo a las víctimas de la guerra y del franquismo: "A las víctimas de ambos lados", ha advertido.
Una de estas medidas será la creación de un Censo de Víctimas que incluirá también a los valencianos de origen que fallecieron fuera de esta tierra, en defensa de la libertad, la justicia social y la democracia, y aquellos que fueron víctimas de la represión en campos de concentración o en cualquier otra circunstancia vinculada al exilio y al desplazamiento forzado.
EXHUMACIONES Y DENUNCIAS
Además, el anteproyecto establece que la Generalitat realizará actuaciones de recuperación e identificación de los restos de víctimas desaparecidas a través de mapas de localización; autorizará toda la localización, exhumación e identificación de restos; y prohibirá la construcción sobre terrenos o la remoción de los mismos cuando se presuma la existencia de restos.
También el Consell denunciará ante la autoridad judicial la existencia de indicios de comisión de delitos que se aprecien con ocasión de las localizaciones, identificaciones o hallazgos de restos que se produzcan.
Segundo objetivo: derecho de las víctimas a la justicia. En este sentido la ley insta a la Generalitat a poner en marcha todas las actuaciones, incluso procesales cuando sea necesario, para impulsar y ejercer la tutela judicial efectiva que muchas víctimas reclaman, ha especificado Bravo.
Y respecto al tercer objetivo, el derecho a la memoria, la consellera ha explicado que en materia de documentación, la futura norma prevé la constitución de una comisión técnica que lleve a cabo una investigación sobre la desaparición de los fondos documentales públicos en la Comunitat. Y encomienda al Consell que impulse medidas para la restitución del patrimonio documental incautado por las fuerzas golpistas en la Comunitat.
Preguntada por si se podrían reclamar archivos valencianos que obran en Salamanca, la consellera ha respondido: "Por ejemplo". "Tenemos que trabajar en colaboración con la Conselleria de Educación y Cultura, pero es muy importante la recuperación del patrimonio. Desde las instancias competentes se valorará para ejercitar acciones de reclamación", ha insistido.
RETIRADA DE SÍMBOLOS
La nueva norma, sobre la que Bravo espera que sea "consensuada" entre todos los partidos políticos valencianos, contemplará también la prohibición y retirada de los símbolos, vestigios y actos contrarios a la memoria democrática.
La ley recoge de esta manera la prohibición de la exhibición pública de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática y los actos públicos en menoscabo de la dignidad de las víctimas o sus familiares, o en homenaje del franquismo o sus responsables.
En el plazo máximo de un año a partir de la entrada en vigor de esta ley, deberá procederse a la retirada o eliminación de estos elementos. También a la revisión e invalidación de todas las distinciones, nombramientos, títulos honoríficos y demás formas de exaltación de personas vinculadas a la defensa del régimen franquista. De incumplirse la ley, se prevén sanciones de entre 10.000 hasta 150.000 euros.
Respecto a la previsión económica para desarrollar la ley, la consellera ha explicado que se ha incrementado un 60% la dotación de la Dirección General de Reformas Democráticas para atender la puesta en marcha del Instituto de la Memoria, que canalizará las medidas que contempla la ley, y se ha aumentado el presupuesto en lo que supone apoyo económico para las actuaciones de difusión, estudio de los contenidos de la normativa y consolidación de la memoria democrática. Otras CCAA han previsto para el desarrollo de esta ley entre un millón y medio y dos millones de euros, y "más o menos basándonos en estos parámetros, serán los cálculos para el siguiente presupuesto", ha dicho Bravo.
Ximo Puig ha resaltado que esta ley prevé recuperar la memoria democrática, la memoria del pasado y recordar y reconocer a los que se esforzaron por cimentar los principios democráticos. "Siempre es un buen día enaltecer a los que han dado su vida por la libertad. El combate contra los que quieren acabar con la libertad, continuará siempre", ha puntualizado.
Por su parte, Mónica Oltra ha subrayado que esta ley recupera el olvido "y hace de la memoria un derecho". "Poco a poco este gobierno va reparando el dolor de las víctimas del franquismo", ha resaltado, al tiempo que ha agregado que la ley velará por la convivencia: "Estamos a tiempo de cerrar heridas", ha manifestado.
