Nuevas detenciones y registros en la causa de la trama del fuego por irregularidades en tramitaciones urbanísticas

Actualizado: martes, 27 septiembre 2016 18:00

VALENCIA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la UDEF han llevado a cabo nuevas detenciones --por orden policial-- y registros domiciliarios dentro de la causa de la denominada 'trama del fuego', aunque en este caso en una pieza relacionada con presuntas irregularidades en la tramitación de Programas de Actuación Integrada (PAI), sin vinculación con la parte del presunto amaño de contratos en la extinción de incendios.

Según han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras de la actuación, la UDEF ha practicado detenciones por orden policial y realizado varios registros. Fuentes judiciales han afirmado que el juzgado de Instrucción número dos de Sagunto, que arrancó la investigación de la pieza principal de la 'trama del fuego, ha ordenado cuatro registros: dos en Valencia, uno en Alboraia y un cuarto en Arganda, en viviendas de tres empresarios y de un asesor de la Conselleria en la época en la que la dirigía Rafael Blasco.

Los registrados ya figuraban como investigados en la pieza principal, en la que hay una decena de imputados, entre ellos, Vicente Huerta, empresario de Avialsa, la empresa del sector aéreo concesionaria de contratos de extinción de incendios forestales. No obstante, la operación desarrollada este martes no guarda relación con el presunto amaño de estos contratos sino que se centra en los presuntos delitos de prevaricación, cohecho y falsedad, y está vinculada a supuestas irregularidades en la tramitación de PAI.

Fuentes del TSJCV han indicado que en este caso no ha habido ni habrá detenciones por orden judicial. La operación se había declarado secreta, aunque una vez terminados los registros para incautar documentación en papel y soportes informáticos, se ha alzado ese secreto.

El juzgado de Instrucción número dos de Sagunto (Valencia) es el órgano que inició la investigación sobre la denominada 'trama del fuego', en la que a principios de año estaban siendo investigadas al menos 30 personas, en relación con un presunto amaño de contratos públicos relacionados con empresas del sector aéreo dedicadas a la extinción de incendios forestales. Entre ellas, figuraban el exdelegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana y exconseller con el PP, Serafín Castellano, y tres cargos de la Generalitat catalana en esas fechas.