Aviso: Esta noticia tiene más de un año. Última actualización: 07/04/2009 15:19
El Observatorio Valenciano de la Dependencia exigió hoy al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, a ocuparse de que los servicios públicos existentes estén "dotados de los recursos necesarios" y a "dejar de crear redes paralelas", en el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), según informaron en un comunicado fuentes de la entidad. Así, defendieron que los Ayuntamientos sigan ofreciendo esta prestación, pero con un aumento de los recursos por parte de la Conselleria de Bienestar Social.
Así, alertaron de que, según el último informe del Imserso, con fecha 1 de abril de 2009, la Comunitat Valenciana "sigue sin reconocer ningún Servicio de Ayuda a Domicilio" y "quedan fuera del Catálogo de Prestaciones y Servicios públicos y concertados que debería ofrecerse a las personas que tienen reconocida la situación de dependencia".
Esto obliga a las personas que han querido acceder a este servicio a hacerlo a través de una prestación económica que "les obliga a contratar con una de las 20 empresas que han sido autorizadas por la Conselleria de Bienestar Social" y que "no han obtenido ninguna acreditación del servicio porque, hasta la fecha, no hay normativa autonómica para la misma", señalaron desde el Observatorio.
De este modo, acusaron al Gobierno valenciano de "incumplir la Ley, al priorizar las prestaciones de carácter excepcional por encima de los Servicios Públicos, pero también su propia normativa de desarrollo al no hacer posible la atención a través de la Red de Centros y Servicios Públicos y Concertados". Según la normativa, las prestaciones económicas, "sólo se deben reconocer cuando no existe o no es posible la atención en la red pública".
Los Ayuntamientos son la red pública que presta el Servicio de Ayuda a Domicilio, desde hace años, a través de la financiación propia, y de las subvenciones de la Conselleria. Así, desde el Observatorio de la Dependencia consideraron que "con ese dinero se puede afianzar y mejorar el servicio municipal ya existente completando su financiación, para incrementar su cobertura, y aprovechar la experiencia acumulada a lo largo de todos este tiempo".
De este modo, alertaron de que los profesionales de los Ayuntamientos, que son quienes responden ante el usuario, están "absolutamente desorientados" y afirmaron que la administración municipal ha prestado este servicio "donde la relación persona a persona, la proximidad y la confianza con el trabajador lo son todo", con "calidad y supervisión técnica".
"PRIVATIZACIÓN PURA Y DURA DEL SERVICIO"
Por ello, subrayaron que "no es nada eficiente que la Conselleria quiera crear, de nuevo, una red paralela extraña al usuario, que le va a resultar más cara, cuando hay una Red que funciona ya", al tiempo que censuraron la "privatización, pura y dura" del servicio que "va a ocasionar a las personas y sus familias una merma en sus derechos, más burocracia, más molestias y mayor indefensión".
Tampoco entendieron "cómo un Servicio que tiene que evitar el desarraigo y procurar que la persona en situación de dependencia conserve su hábitat, mantenga su entorno y red de apoyo social, salvo cuando no haya más remedio, recibe tan poca atención" por parte de la administración autonómica.
En este sentido, avisaron de si "este servicio se entrega a las empresas, sin importar el coste que supone para las personas va a tener como consecuencia una mayor institucionalización, es decir que las personas tengan que irse a una residencia, pudiendo permanecer en sus casas".
Por ello, instaron al jefe del Consell a asumir su "responsabilidad, hacer que la ley de dependencia sea un derecho universal para las valencianos", y le propusieron que "use la inteligencia y el sentido común", ya que en el resto de España, "la ley tiene mejor implantación donde se establece desde sus municipios, no desde sus empresas".