VALÈNCIA, 23 May. (EUROPA PRESS) -
La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), Pilar de la Oliva, asegura en la memoria anual de 2016 de este órgano que "es inminente la entrada masiva de demandas" sobre condiciones incluidas en préstamos hipotecarios, que para este 2017 "exigirán la adopción de medidas adecuadas para hacer frente a las mismas".
Así lo asegura en la presentación de la memoria, en la que describe la situación en los distintos órdenes jurisdiccionales, aunque como consideración previa advierte sobre "la falta de creación de órganos judiciales", ya que desde 2010 no se han creado nuevas unidades, un problema extendido en todo el país pero que resulta "especialmente grave en comunidades como la valenciana, caracterizada por la intensa actividad y complejidad de los asuntos que se ventilan ante sus órganos judiciales, que en los últimos años se han convertido en el foco de la conflictividad judicial española, singularmente en el orden penal".
La situación "de relativa normalidad" que presentan la mayor parte de los órganos judiciales de la Comunitat, "pese a sus muy elevadas tasas de litigiosidad, no es debida sino al esfuerzo desarrollado por cuantos prestan servicio en la Administración de Justicia", resalta De la Oliva, que subraya también que la elevada carga de trabajo es especialmente significativa en los órganos unipersonales.
Entre ellas, cita los juzgados de Primera Instancia, los de Mercantil, de Penal y de lo Social, jurisdicciones que desde hace tiempo "están soportando la mayor necesidad de atención y respuesta".
En cuanto al refuerzo, la presidenta del TSJCV señala que en Civil en los últimos años ha estado motivado por la entrada de demandas relacionadas con productos financieros como preferentes o acciones y "se ha mostrado extraordinariamente eficaz", aunque advierte que "estamos ante un pequeño paréntesis" ante la previsión de entrada de asuntos relacionados con las hipotecas.
Respecto al ámbito mercantil, apunta que la evolución ha sido favorable por el descenso en el número de concursos de acreedores, parte de los cuales son competencia de juzgados de Primera Instancia (los de personas físicas no empresarios) y por el descenso de juicios declarativos relativos a acciones individuales sobre condiciones generales de la contratación. No obstante, la situación aún no está normalizada por la necesidad de poner al día "el ingente número de procedimientos en trámite".
En materia penal, ha habido que mantener la política de apoyos en los órganos de instrucción con casos de corrupción especialmente complejos para no paralizar el resto de asuntos. La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ha provocado una importante disminución de asuntos ingresados, aunque normalmente esos eran resueltos normalmente de forma inmediata con un archivo por falta de autor conocido.
Esta jurisdicción sigue presentando grave problemas en algunos juzgados de lo Penal, singularmente los de Castellón y Alicante, para los que "resultaría conveniente la creación de un Juzgado Penal exclusivo de Ejecutorias o un Servicio Común de Ejecución".
Por lo que respecta a los juzgados de lo Social, aunque las medidas de apoyo han permitido reducir el tiempo de señalamiento, la alta entrada de asuntos y su cada vez mayor complejidad aconsejan continuar con los refuerzos.
TRICEFALIA EN LA JUSTICIA
En la presentación, De la Oliva explica que la cuestión que debe abordarse con mayor urgencia es "la pluralidad de instancias sobre el mismo ámbito territorial (en este caso CGPJ, Ministerio de Justicia y comunidad autónoma) que impide y oscurece en muchos casos sus respectivas atribuciones competenciales en materias concretas y da lugar a evidentes disfunciones de todos conocidas". "Esta tricefalia ha lastrado tradicionalmente todos los procesos de mejora hasta el punto de ocasionar con frecuencia un despilfarro de recursos y una esterilidad de esfuerzos", agrega.
"Ha llegado la hora de la verdad para la Administración de Justicia en esta comunidad. Aprovechemos la ocasión, asumamos cada uno nuestras responsabilidades y contribuyamos de manera decisiva a que la oficina judicial dé el salto de calidad que la sociedad valenciana reclama", concluye.
