Plataforma per la Llengua exige a la Policía Nacional que "deje de discriminar el valenciano"

 

Plataforma per la Llengua exige a la Policía Nacional que "deje de discriminar el valenciano"

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La vicepresidenta participó junto a Compromís en la protesta
CEDIDA
Publicado 27/04/2017 14:20:00CET

VALÈNCIA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma per la Llengua País Valencià ha reclamado a la Policía Nacional que "deje de discriminar el valenciano" y ha brindado su "apoyo" a la vicepresidenta de la Diputación de Valencia, Mª Josep Amigó, que denunció este pasado 25 d'Abril que el cuerpo de seguridad le hizo identificarse "por hablar en valenciano" cuando estaba en un concentración en las puertas de las Corts para reivindicar un trato justo en las inversiones del Estado. La Policía negó que la identificación estuviera negada con la lengua.

En un comunicado, la entidad ha asegurado que "los agentes preguntaron por el responsable del acto y la vicepresidenta de la Diputación los remitió al presidente del parlamento, Enric Morera, pero ellos le pidieron que hablara en castellano".

"Amigó continuó ejerciendo su derecho de hablar valenciano y los policías pidieron su DNI y tomaron nota de los datos de la vicepresidenta", subrayan desde la Plataforma.

Al respecto, la organización ha recordado que "hay varias normativas que avalan que se hable valenciano a un policía que pertenece a un cuerpo estatal, incluidas normativas estatales y los regímenes disciplinarios de los cuerpos de policía".

También han apuntado que la Ley 39/2015, del Procedimiento administrativo común de las administraciones publicas, enumera los derechos de los ciudadanos en las relaciones con la administración e "incluye el derecho de utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su comunidad autónoma".

"Además, el régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía indica que no está permitida toda actuación que suponga discriminación por razón de origen, racial o étnico, religión o convicciones, discapacitado, edad, orientación sexual, lengua, opinión, lugar de nacimiento, vecindad, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social".

Por todo ello, la Plataforma considera que "la actitud de los agentes contraviene la voluntad manifestada por el delegado del Gobierno --Juan Carlos Moragues--, que aseguró que los cuerpos policiales tienen un protocolo que respeta el derecho que tienen los valencianos a expresarse en valenciano o en castellano y que hace que, en casos como estos, asista otro agente que entienda el valenciano".

"UN CIUDADANO SIEMPRE PUEDE HABLAR EN VALENCIANO"

En este sentido, el portavoz de la Plataforma per la Llengua en la Comunitat, Manuel Carceller, ha recalcado que "un ciudadano siempre puede hablar valenciano a un policía nacional y a cualquier funcionario público".

"Los funcionarios son servidores públicos y tienen que respetar los derechos lingüísticos de los ciudadanos. Ningún policía nacional puede exigir a nadie que los hablo castellano, porque hacer esto es un acto de discriminación lingüística que, además, va contra la normativa policial", ha reivindicado.

En consecuencia, Carceller ha instado a la Policía Nacional a "dejar de actuar con prejuicio y discriminación contra el valenciano" porque "esa no es su función".

La Plataforma ha incluido este caso en su compilación de situaciones de "discriminación lingüística" por parte de administraciones públicas españolas. El objetivo de este registro es "denunciar los continuos incumplimientos tanto de la normativa lingüística vigente al Estado como de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, firmada y ratificada por España y, por lo tanto, de obligado cumplimiento".

De hecho, el titular de la Plataforma ha recordado que "el Consejo de Ministros del Consejo de Europa, en sus últimas recomendaciones, ya advirtió a España que hay que tomar medidas para asegurar que la administración central del Estado disponga de personal que pueda atender los ciudadanos en la lengua propia de su territorio".

"La delegación del gobierno español en Valencia no muestra ninguna voluntad de revertir esta situación de discriminación institucionalizada", ha remachado.

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