ALICANTE, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -
Podemos ha presentado varias preguntas al Gobierno central sobre la fiscalización del Tribunal de Cuentas en Casa Mediterráneo, entidad con sede en Alicante, por las "escandalosas" irregularidades detectadas, como el "fraccionamiento de contratos a gastos e ingresos injustificados y arbitrarios", según ha informado la formación morada en un comunicado.
El pasado 8 de febrero, el Tribunal de Cuentas censuró la actividad de la institución porque se hacía "sin planificación formal" sobre los detalles sobre su finalidad, sus condiciones o sobre otros organizadores, lo que impedía "realizar una valoración objetiva del resultado de las actividades" y sobre si correspondían a sus fines públicos.
A raíz de este informe de fiscalización, las diputadas de Podemos Rita Bosaho y Rosana Pastor han registrado dos preguntas. La primera busca averiguar qué tipo de acciones tiene previsto poner en marcha el Ejecutivo para dirimir las responsabilidades políticas, administrativas y judiciales que pudieran derivarse de las irregularidades señaladas por el Tribunal de Cuentas.
Con la segunda, Podemos quiere conocer si el Gobierno dispone de mecanismos para verificar el correcto cumplimiento y desarrollo de los programas que se recogen en los estatutos de creación del Consorcio Casa Mediterráneo, "en tanto que organismo financiado con fondos públicos".
Las dos preguntas van acompañadas de un escrito en el que Podemos asegura que las conclusiones del informe "señalan que la gestión del Consorcio se regía por una falta absoluta de control y de la más mínima observancia de las obligaciones establecidas en los Presupuestos Generales del Estado, en la Ley de Transparencia y en los propios estatutos".
EL INFORME DEL TRIBUNAL DE CUENTAS
Desde Podem advierten que el informe recoge en sus conclusiones que el Consorcio Casa Mediterráneo carece de planificación estratégica y de objetivos declarados, datos necesarios para justificar su utilidad para el interés público y el dinero de todos y todas en él invertido". Además --ha añadido--, los fines establecidos en sus estatutos son muy amplios, generales y ambiguos, solapándose su actividad con la de otros consorcios.
En cuanto al cumplimiento de la normativa de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, el informe del Tribunal de Cuentas observa "deficiencias en el cumplimiento de las obligaciones de publicidad en la página web del Consorcio, con omisiones importantes".
Para las parlamentarias de Podemos, "llama la atención la sanción por infracción grave impuesta a la directora general por la Secretaria de Estado de Administraciones Públicas en mayo del año pasado, por no declarar actividades y de bienes y derechos patrimoniales en los correspondientes Registros, tras el apercibimiento para ello".
Del mismo modo, respecto al cumplimiento de las obligaciones de buen gobierno, destacan la sanción por infracción grave impuesta a la directora general por la Secretaria de Estado de Administraciones Públicas en mayo del año pasado por no declarar actividades y de bienes y derechos patrimoniales en los correspondientes Registros, tras el apercibimiento para ello.
El texto que acompaña a las dos preguntas presentadas al gobierno defiende que "las administraciones consorciadas deben establecer con claridad sus actividades y cumplir los compromisos de transparencia respecto a la financiación y gastos del consorcio que permitan una correcta gestión de las actividades".
