Podemos y Compromís valoran su inclusión y Cs lo critica y defiende que el valenciano sea considerado mérito
VALENCIA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -
El diputado del grupo popular en las Corts Luis Santamaría ha criticado este miércoles que el requisito lingüístico que se prevé en la futura Ley de Función Pública ha sido una "imposición" de Compromís a un PSPV que "vuelve a hincar la rodilla", mientras que el portavoz socialista, Manolo Mata, ha defendido que su programa electoral ya lo contemplaba y se trata de una medida de "sentido común" para garantizar la cooficialidad efectiva.
Diputados de todos los grupos parlamentarios han salido al paso del acuerdo alcanzado entre sindicatos y Generalitat en torno al requisito lingüístico para acceder al empleo público de la administración autonómica que contempla el borrador del anteproyecto de la Ley de Función Pública de la Comunitat Valenciana, que recoge que el Consell deberá aprobar, en un plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la norma, un reglamento que regule el nivel de valenciano exigible para acceder a un puesto.
Si en un año no se ha desarrollado dicho reglamento, para el acceso a los grupos de funcionariado A1, A2 y B habrá que acreditar el certificado de conocimiento de la lengua C1, equivalente al Mitjà expedido por la Junta Qualificadora de Coneixements del València.
Para Santamaría, el conocimiento del valenciano como lengua cooficial en la Comunitat debe ser considerado un mérito y no un requisito, porque "no es de sentido común imponerlo, puede impedir que los mejores accedan al empleo público".
A su juicio, esta ha sido una "imposición" de Compromís a un PSPV que es "palmero de lujo, un invitado en la acción política de este gobierno" y ha avanzado que desde el PP se está estudiando si se lleva o no a los tribunales.
Mata, por su parte, ha felicitado al Consell por el acuerdo porque la ley "garantizará algo que es de sentido común" y es que se aplique el Estatuto y se garantice la cooficialidad de las lenguas, al tiempo que ha puesto en valor que "se ha hecho con el máximo consenso" porque "garantiza que en las oposiciones de 2017 y tal vez en 2018 la gente no estará necesitada de esa acreditación" y también se diferencian niveles de conocimiento según la responsabilidad.
Para el portavoz socialista, este es "un proceso de reciclaje" que no perturbará la actividad de la administración, ha asegurado que habrá cursos de formación y "no se trata de imponer nada a nadie", sino de que se imponga "el sentido común" porque en la Comunitat se hablan dos lenguas y los funcionarios "de aquí a unos años en su globalidad lo harán".
"Si alguien se molesta en ver los programas del PSPV y lo que ha dicho toda su vida, verá que aquí no hay nadie ante nadie y lo que está haciendo es practicar las políticas que ha querido practicar durante muchos años", ha aseverado tras las críticas del PP.
Jordi Juan (Compromís) ha mostrado su satisfacción ante este "acuerdo histórico" conseguido con "consenso" y que supone "un paso importante para la normalización del valenciano" porque todos los ciudadanos tienen derecho -ha proseguido- "a que se les atienda en su lengua" y la valenciana es la última autonomía con dos lenguas oficiales en sacar adelante el requisito lingüístico.
Desde Podemos, la diputada Sandra Mínguez ha defendido este requisito para poder "garantizar los derechos lingüísticos de los valencianos" y porque "enriquece la administración pública". Ha pedido, además, que la administración ponga todos los mecanismos necesarios para la transición y que no se deje a nadie de lado.
LENGUAS, PARA "TENDER PUENTES, NO BARRERAS"
Por su parte, el diputado de Ciudadanos Emigdio Tormo ha criticado este requisito de acceso a la función pública porque "las lenguas existen para tender puentes, nunca para generar barreras" y esto "puede impedir a ciudadanos acceder a un puesto público", punto en el que él mismo se ha puesto como ejemplo.
Así, tras definirse como "valenciano por los cuatro costados", ha explicado que él y otros diputados de otros partidos no podrían acceder a puestos de trabajo públicos al no tener la titulación requerida en valenciano. Por ello, ha defendido que el dominio del valenciano sea contabilizado como mérito y que en los procesos de selección prevalezca siempre la capacidad del aspirante.
