ALICANTE, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -
El grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Alicante ha presentado ante la Fiscalía Anticorrupción la documentación relativa a 25 facturas de la Concejalía de Comercio, que dirige el alcalde socialista Gabriel Echávarri, en las que ve que hay irregularidades "como un camión".
En una comparecencia pública este martes, el portavoz municipal Luis Barcala ha afirmado que "quien tenía que dar explicaciones no las ha dado; se han intentado tirar balones fuera: en primer lugar achacarlo a un error administrativo. No es cierto, no hay error administrativo".
Asimismo, ha expuesto que se han "ocultado" 25 facturas al Portal de Transparencia del Ayuntamiento y después se ha consultado al Consell Jurídic Consultiu (CJC): "No es cierto, al Consell Jurídic Consultiu hay que ir sí o sí".
Luis Barcala se ha pronunciado así tras detallar el contenido de la documentación presentada ante Fiscalía contra el alcalde de Alicante para que valore si hay ilícito penal por prevaricación administrativa, previsto en el artículo 404 del Código Penal y sancionada con una pena de inhabilitación especial para el empleo y el cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo de 9 a 15 años.
"No estamos ante una cuestión absolutamente menor", ha advertido el portavoz 'popular', que ha indicado que la Junta de Gobierno llevó la anulación de 25 contratos porque "es que tiene un grandísimo problema".
En ese sentido, ha explicado que el grupo acudió a solicitar la documentación relativa a los expedientes que sustentaban las facturas anuladas por la Junta y que no existen. "Los indicios son muy claros. Se ha omitido toda referencia a la existencia de los contratos, al punto que en el área donde se suponía que estaban no hay antecedentes".
Según el PP, "presuntamente ha intervenido, en la contratación, personal de confianza que carece de competencias; se ha omitido toda publicidad simultánea posterior, ocultando los 25 contratos y facturas al Portal de Transparencia; la primera evidencia adminsitrativa --de su existencia--, es el informe del Jefe de Servicio advirtiendo de las irregularidades", ha relatado el portavoz.
Barcala ha subrayado que se apunta a Gabriel Echávarri y a "cualquier otra persona que como autor material o cooperador necesario pudiera resultar que hubiera intervenido directa y decisivamente en estos hechos".
En total, se trata de 25 facturas con 189.700 euros que la Junta de Gobierno anuló porque el interventor y el jefe del servicio de Comercio están "cuestionando". "La justificación -de la anulación--, es porque ha habido irregularidades en la contratación y se ha fraccionado", ha continuado.
Así, ha señalado que fue el alcalde quien "exclusivamente" aprobó las facturas y lo hizo porque "tendrá los antecedentes que digan que eran procedentes esas facturas"; y ha alertado de que el jefe de servicio de Comercio no intervino antes "visando esas facturas y comprobando que son correctas" porque, a su modo de ver, "no tenía" la documentación previa.
Finalmente, Luis Barcala ha asegurado que no se opondrán a una Comisión de Investigación --que impulsa el grupo de Ciudadanos--, pero confían en que le expliquen en qué consistiría.
