...Y el PP lo niega y dice que Oltra "lo ha consolidado"

 

...Y el PP lo niega y dice que Oltra "lo ha consolidado"

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Actualizado 22/06/2017 15:11:54 CET

VALÈNCIA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -


   El grupo parlamentario popular considera en sus conclusiones a la comisión que investiga el proceso de adjudicación de las plazas de residencias de accesibilidad, en concreto al grupo Savia, que el modelo que se denominó Blasco-Cotino ha cumplido la normativa, no se ha acreditado trato de favor a las adjudicatarias y, además, debería renombrarse como 'Modelo Oltra' porque lo ha "consolidado" desde el Consell.

   En rueda de prensa, la portavoz adjunta del PP María José Catalá ha comenzado lamentando que el resto de grupos no hayan llamado a los 'populares' para poder trabajar en un texto común y ha señalado que esta comisión ha sido "más una causa general basada en conjeturas, cuando no palos de ciego" que una comisión seria, porque PSPV, Compromís, Podemos y Ciudadanos partían de "premisas prejuzgadas de antemano" y para ellos lo importante era "montar espectáculo" y "sacar rédito político".

   La diputada María José Ferrer ha expuesto las conclusiones del PP frente a las de "la UTE parlamentaria" compuesta por los otros cuatro grupos, que son "evanescentes, incandescentes e incompletas" y ante las que su grupo planteará un voto particular.

   En primer lugar, ha lamentado que se haya "ocultado deliberadamente" un dato, que el objeto de investigación ya fue examinado por la Fiscalía Provincial de Valencia y esta lo archivó, concluyendo la ausencia de responsabilidades, algo que los grupos "ya sabían cuando pidieron la comisión" y una actitud que considera de "mala fe parlamentaria y con la sociedad".

   Además, ha incidido en que "ni un solo compareciente ha dicho que hubo trato de favor, irregularidad o presión" para cometer algún acto ilícito y el PP considera en sus conclusiones que el modelo de accesibilidad "surge para dar respuesta a una necesidad grave de la sociedad y todo el proceso ha seguido el estricto cumplimiento en cada momento de la normativa".

   "No se ha acreditado en modo alguno, sino que ha sido confirmado lo contrario, trato de favor de los anteriores ejecutivos con las empresas de accesibilidad", indican las conclusiones.

   De hecho, señalan que las plazas eran necesarias, en modo alguno se podían financiar con recursos públicos y una parte importante de las plazas son puedas a disposición de la Administración, que "disponía de plazas sin asumir el coste de estructura inicial, sin riesgo alguno y con buenos resultados". "Tanto es así que el actual gobierno autonómico mantiene las plazas de accesibilidad", agregan.

   Sobre el aumento del precio por plaza que cobraron las empresas adjudicatarias, el PP señala que se debe al cumplimiento de sentencias judiciales tras un primer recurso que interpone el Grupo Savia y, al respecto, Ferrer ha cuestionado que se hable de un "contubernio" entre el Consell del PP y esta empresa cuando hubo una tensión "total" y enfrentamientos "continuos" que llegaron a la justicia.

   También ha subrayado María José Ferrer que pese a que se habla de la relación de Juan Cotino con Savia, esta está formada por tres patas, una de ellas Gerocentros del Mediterráneo, formada a su vez por una docena de empresas entre las cuales estaba Sedesa, en la que tenía participación el exconseller. En total, ha dicho, en la matriz, disponía de un 0,78%. Asimismo, ha defendido que las adjudicatarias fueran constructoras porque se trataba de un contrato mixto de construcción y gestión de centros.

APLICACIÓN DE LA LEY DE DEPENDENCIA

   El grupo popular recuerda también que la aprobación en 2006 de la ley de dependencia "condiciona el desarrollo del modelo" porque la administración debe desarrollar el concierto para atender nuevas necesidades que establece esta norma estatal y, por ello, en 2008 se amplía el número de plazas concertadas hasta el 100%.

   Sobre la cláusula de exclusividad, los 'populares' señalan que está justificada por el equilibrio de prestaciones porque los grupos "hacían una gran inversión" y, además, contaba con informes que lo avalaban. La diputada ha señalado que se esgrime la inexistencia de un documento que avale la interpretación de Rafael Blasco de esa exclusividad, pero sí existe y "fue ocultado", ha dicho.

   Este documento que daría viabilidad jurídica a la garantía de exclusividad de los adjudicatarios ha sido "ocultado maliciosa y deliberadamente", ha dicho la parlamentaria, y por ello el PP incluye entre sus conclusiones "el reproche y la responsabilidad política de la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, por la tentativa de obstrucción y ocultación".

   Además, el PP señala que es la ley de emprendedores de 2013 la que hace que no se pueda aplicar la cláusula de exclusividad, y la sentencia de 2016 da la razón al PP en su revisión de oficio sobre ella. "Es el PP el que inicia ese cambio de modelo", ha dicho María José Ferrer, "y no de Oltra, basta ya de medallitas".

EL "MODELO OLTRA"

   Català ha calificado de "incoherente" que se denuncie un supuesto trato de favor a empresas que optaron en 2001 por el contrato de accesibilidad y ahora mantenga ese modelo, "adjudicando servicios durante los dos últimos años a las empresas de accesibilidad y, concretamente del Grupo Savia".

   A su juicio, esto "descarta cualquier tipo de connivencia entre las mismas y antiguos cargos del Partido Popular" porque, de lo contrario, si antes había "amiguetes" del PP ahora también los habría de Oltra.

   Por ello, considera que ha consolidado el modelo de accesibilidad, que ha pasado de mal nombrarse "Modelo Cotino" a "Modelo Oltra" y ha señalado que tampoco ha implementado las medidas reivindicadas por la patronal AERTE para reducir con celeridad el segundo tercio de plazas de accesibilidad propiciado por la interpretación dada a la cláusula de accesibilidad del contrato del año 2001.

   Por último Català ha manifestado que "Oltra no gestiona" porque el concurso público de 3.300 plazas anunciado a finales del año 2015 "aún está pendiente de una adjudicación definitiva lo que está ocasionando graves perjuicios a las empresas del sector" y, además, "la adjudicación provisional de este concurso apunta a que van a resultar adjudicatarias de forma mayoritaria las empresas que han desarrollado el del modelo de accesibilidad, aproximadamente en un 70% de las plazas".

  

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