El PP rechaza dejar exentas de las tasas judiciales a las personas físicas

 

El PP rechaza dejar exentas de las tasas judiciales a las personas físicas

Pleno de las Corts
CORTS
Actualizado 15/05/2013 14:59:06 CET

La oposición acusa a los 'populares' de crear una "Justicia para ricos"

VALENCIA, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El PP en las Corts ha rechazado en solitario la proposición no de ley del PSPV para que se pida al Gobierno central que se excluya a las personas físicas como sujetos obligados al pago de las tasas judiciales y a "garantizar que nadie vea limitado su derecho de acceso a la justicia por no poder hacer frente al pago de la tasa judicial". Los grupos de la oposición han afirmado que la reforma de la ley "pone en peligro la tutela judicial efectiva y la igualdad de los ciudadanos" para crear una "Justicia para ricos".

La diputada 'popular' Verónica Marcos ha justificado la aplicación de las tasas porque cuando el PP llegó al Gobierno "se encontró unas arcas vacías y tuvo que adoptar medidas muy duras pensando en la viabilidad del sistema" y en que la Justicia "sea gratuita para quienes realmente la necesitan". "A ningún gobierno le complace subir impuestos, pero lo hicimos pensando en la responsabilidad", ha apostillado.

En este sentido, ha destacado que el Ejecutivo, "después de escuchar a la calle, redujo el pago de las tasas y anula el pago de tasas para mujeres maltratadas, menores, discapacitados, divorcios, víctimas del terrorismos y en los casos de desahucios" con la modificación de la Ley de Tasas.

Marcos ha aprovechado para criticar al PSPV por "pedir dinero a sus militantes para pleitear" y "cuestionar" una decisión judicial con el recurso a la absolución del expresidente Francisco Camps y el exsecretario general del PPCV Ricardo Costa en el 'caso de los trajes'. Las costas de este proceso, ha agregado, "los han pagado sus militantes y los trabajadores que han echado porque están en bancarrota".

La parlamentaria socialista Verónica López ha advertido de que el PP "esta implantando un modelo de estado en el que todo se puede comprar y vender", en el que se intenta "trasladar a la ciudadanía la situación de la administración, cuando ya pagan impuestos, en lugar de recaudar de quienes mas tienen". A su juicio, están convirtiendo los servicios públicos "en un privilegio para unos y negocio para otros".

De esta manera, ha denunciado el "objetivo recaudatorio" que persigue esta ley y lo considera "desproporcionado", al tiempo que ha lamentado que "limita" el derecho de acceso a la justicia y "expulsa a las clases medias" de este derecho. Por eso, ha vaticinado que el Tribunal Constitucional "acabará rechazando" esta reforma.

Por su parte, la diputada de Compromís Mireia Mollà ha reclamado la supresión de la reforma de la Ley de Tasas y, en caso de que no se derogue que queden exentas del "pago por el acceso a la Justicia" las organizaciones sindicales. En este punto, ha destacado que un 70 por ciento de las personas que acude a un abogado para poner un recurso rechaza seguir con el trámite por el precio de las tasas, según un informe del Colegio de Abogados de Barcelona.

"JUSTICIA PARA RICOS"

Mollà ha atribuido la reforma de la Ley de Tasas del Gobierno del PP a que a los 'populares' les "molesta que los ciudadanos puedan gozar de la Justicia, una de las patas de la democracia". A su juicio, "ponen trabas al acceso a la Justicia y eso es poner trabas a una de las patas de la democracia" porque "crea una Justicia para ricos y controlada por el Gobierno, a través del Consejo General del Poder Judicial".

El diputado de EUPV Ignacio Blanco ha mostrado sus dudas sobre la intención recaudatoria de la ley porque el resultado de la reforma "excluyente del acceso a la Justicia". Así, ha afirmado que "hay miles de renuncias de personas que no pueden pagar por hacer uso de las instancias de recursos y ha caído un 25 por ciento el uso de los mismos".

Blanco ha remarcado que se trata de una ley "discriminatoria" porque obliga a pagar las mismas tasas a los bancos y aseguradoras que "abusan de la Justicia", que a "personas con rentas de 900 euros y que recurrirán cuatro o cinco veces en su vida". Así, ha reclamado la derogación de la ley.

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