El presidente de Urbanismo del Icav dice que el dictamen europeo respalda alegaciones de expertos en la Comunitat

 

El presidente de Urbanismo del Icav dice que el dictamen europeo respalda alegaciones de expertos en la Comunitat

Actualizado 19/09/2010 14:27:06 CET

VALENCIA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la sección de Urbanismo y Medio Ambiente del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (Icav), Pablo Delgado, ha afirmado que el dictamen del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE), Niilo Jääskinen, sobre la Ley Urbanística Valenciana (LUV), respalda las alegaciones de varios expertos en la Comunitat.

Pablo Delgado se ha pronunciado en estos términos en declaraciones a Europa Press, en referencia al hecho de que el abogado general haya avalado esta semana la LUV y haya dictaminado que esta norma no vulnera la legislación comunitaria en materia de contratación pública, tal y como habían denunciado la Comisión Europea y la Eurocámara.

A este respecto, Delgado ha explicado que no se trata de una resolución de un tribunal sobre si la legislación valenciana va en contra de legislación europea en materia de contratación, sino de un dictamen del letrado mayor que "coincide mucho con planteamientos ya expuestos", ha matizado.

Sus argumentos, que según ha dicho se centran sólo en el asunto de contratación y no en otros puntos de "discordancia", "coinciden en gran medida con las alegaciones que se habían hecho en la Comunitat, en las Corts, y por parte de muchos letrados de la Generalitat valenciana".

Delgado se ha mostrado de acuerdo con este dictamen y ha recordado que se trata de un tema de "razonamiento y de hechos" que "no es muy discutible". Ha señalado que "nunca un agente urbanizador ha sido diferente a un adjudicatario de obra".

En general, coincide con los argumentos del letrado mayor en cuanto a que en los Planes de Actuación Integrada (PAI) el responsable de financiar los costes de urbanización es el urbanizador, y son los propietarios los que costean las obras públicas que precisa esa urbanización.

Además, también recuerda la explicación de que el urbanizador no es el que tiene derecho a explotar las obras que resultan del PAI, ya que las obras públicas pasan a ser propiedad de la administración públicas una vez estén acabadas.

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