VALÈNCIA, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) está estudiando si abre un procedimiento en relación con la información que facilitó el pasado 24 de mayo la vicepresidenta de la Generalitat y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, sobre un presunto caso de abusos sexuales en un centro de menores de Segorbe (Castellón).
Según ha podido saber Europa Press, la Agencia se encuentra en fase de actuaciones previas de investigación que están encaminadas a determinar si existen o no indicios que permitan la apertura de un procedimiento a Oltra por si reveló hechos de carácter confidencial.
La causa se refiere a la comparecencia que hizo Oltra en la cámara valenciana en mayo, en la que acusó a la dirección del centro de Segorbe de no haber denunciado un supuesto caso de abusos sexuales por parte de un educador hacia una menor, un hecho investigado por un juzgado desde septiembre de 2006.
En su intervención, deslizó que el educador fue "compañero" en el ayuntamiento de Segorbe del actual presidente del PP en la provincia de Castellón, Miguel Barrachina, y explicó que fue una profesora de la Escuela de Personas Adultas (EPA) la que el 25 de febrero de 2016 comunicó a la Dirección Territorial el posible caso de abusos sexuales en el centro, gestionado por las hermanas Terciarias Capuchinas.
La menor, según explicó Oltra en ese momento, indicó a la dirección territorial que las relaciones con el educador se iniciaron antes de Navidad --de 2015--, y que éste quería quedar con ella sin que la acompañara su novio, otro de los menores del centro de Segorbe.
Tras esta intervención, el centro de Segorbe anunció cuatro acciones judiciales contra Mónica Oltra y su departamento por sus declaraciones en relación a los presuntos abusos sexuales y por el propio traslado de los niños a otros centros de la Comunitat.
En concreto, anunciaron que trasladarían el asunto a Fiscalía para que analizara si con sus manifestaciones se hubiese vulnerado los derechos de los menores o de los trabajadores del centro igualmente mencionados. Entendían que había habido una divulgación "ilegítima" de datos.
Asimismo, avanzaron un procedimiento de protección civil de derechos al honor, intimidad personal y propia imagen para depurar responsabilidades por la intromisión en la intimidad, dignidad, derecho al buen nombre y honor del conjunto de los trabajadores del centro.
Por otro lado, el centro aludió a un recurso contencioso-administrativo contra las resoluciones expresas y tácitas de la Dirección General de la Infancia y la Adolescencia que determinan la reubicación de los menores en otros centros y un procedimiento civil de oposición a resoluciones administrativas en materia de menores, por vía del artículo 780 de la Ley de Enjuiciamiento.
