El PSPV asegura que los PAI reclasificatorios aprobados al margen del PGOU son "nulos de pleno derecho"

Actualizado 02/02/2006 16:53:06 CET

Afirma que la LUV supone la continuidad de un modelo de crecimiento urbanístico "sin control y sin límites"

VALENCIA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Territorio y Vivienda del PSPV, Eugenio Burriel, afirmó hoy que los Programas de Actuación Integrada (PAI) que pretender recalificar suelo rústico y convertirlo en urbanizable para impulsar actuaciones urbanísticas, que sean redactados al margen del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y sin haberlo modificado previamente, son "nulos de pleno derecho", ya que, señaló, "no pueden ser aceptados a trámite", como se afirma en un informe del catedrático de Derecho Administrativo de la Universitat de València José María Baño, apuntó.

Burriel, que hizo estas declaraciones en el transcurso de la rueda de prensa que ofreció para analizar la entrada en vigor, ayer, de la LUV, subrayó que el Gobierno que preside Francisco Camps es "cómplice e impulsor" de la "avalancha" de PAI que se han presentado ante la Conselleria de Territorio y Vivienda en los últimos tiempos.

Asimismo, el responsable socialista señaló que la nueva etapa del urbanismo que "auguró" ayer el conseller de Territorio y Vivienda, Rafael Blasco, a partir de la entrada en vigor de la Ley Urbanística Valenciana (LUV), no es más que la "continuidad" de los "viejos métodos" y de un "modelo de crecimiento urbanístico sin control ni orden, y sin límites", que "pone en peligro la calidad de vida futura de los ciudadanos".

En este sentido, el Eugenio Burriel comentó que, desde el Consell no se han dirigido, "en ningún momento", a los ayuntamientos para indicarles que "no es posible la aprobación de un proyecto redactado al margen del PGOU, y sin la modificación previa de éste", ya que "no es legal" --la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) no contempla esta posibilidad, y la LUV no lo permite--, explicó.

De este modo, Burriel señaló que las "prisas" con las que se han aprobado PAI reclasificatorios en los ayuntamientos para remitirlos a la conselleria antes de que entrara en vigor la nueva normativa no son "casualidad".

Afirmó que esta situación se ha debido a que "el propio conseller ha instado a los alcaldes populares a que así lo hicieran", y se refirió a las declaraciones del alcalde de Calp (Alicante), recogidas ayer por un medio de comunicación, en las que reconocía, según recordó, que Blasco le aconsejó adelantar la aprobación de las actuaciones proyectadas en el municipio.

"SILENCIO COMPLICE"

Por ello, Eugeni Burriel reiteró que ha habido un "silencio cómplice" por parte de la Administración autonómica, y apostilló que los municipios afectados, "al menos los populares", dijo, sabían que tenían la "complicidad del conseller Blasco", que actuó como "impulsor de este modelo urbanístico del Gobierno de Camps".

No obstante, el dirigente socialista aseguró que estos PAI que pretender recalificar suelo rústico para impulsar actuaciones urbanísticas, que se redactan al margen de los PGOU y sin haber modificado previamente estos planes, son "nulos de pleno derecho", ya que, señaló, "no pueden ser aceptados a trámite", como se afirma en el informe que el catedrático José María Baño elaboró en referencia al PAI de la localidad valenciana de Catarroja.

Al respecto, estimó que la "práctica totalidad" de los programas de actuación que se han presentado desde 2003 hasta ahora, carecen de la modificación previa del PGOU y apuntó que el 80 por ciento de los presentados entre 2001 y 2003 no cumplía ese requisito.

En este sentido, Burriel afirmó que la modificación del plan "a posteriori no es válida", en referencia a las declaraciones realizadas ayer por Blasco en las que aseguraba que los programas de actuación que no lo hubieran hecho antes, deberían modificar el PGOU para poder ser aprobados por la conselleria.

Sin embargo, "estos proyectos deberían presentarse de nuevo, una vez modificado el PGOU", explicó Burriel, quien animó a los ciudadanos afectados por estos PAI a que presenten los recursos correspondientes.

Lo que plantea el Consell, dijo, es el "urbanismo al revés", ya que se trata de hacer con el plan general un "vestido a medida" para los proyectos "pactados entre alcaldes y promotores". Al respecto, apostilló que Blasco practica una manera de legislar de "hechos consumados".

Así, el responsable socialista se preguntó cuáles son los criterios que sigue la Conselleria de Territorio para aprobar o no los PAI presentados, y apuntó que se reducen a la "discrecionalidad" de Rafael Blasco. Añadió que "todavía" no ha visto que se haya rechazado ningún programa, "al margen de los impulsados por alcaldes socialistas".

Al respecto, señaló que en las últimas semanas se han presentado "tres o cuatro" PAI por parte de ayuntamientos gobernados por el PSPV, y que, "probablemente no cumplen el requisito del concierto municipal previo". Manifestó no compartir "estos planteamientos", aunque afirmó que "quien debe parar los pies y cortar la situación es el conseller".

"OPACIDAD"

Asimismo, Eugenio Burriel criticó la "opacidad" y "falta de transparencia" en los datos aportados por Blasco, que responden a "estadísticas trucadas" por el conseller, afirmó. En este sentido, comentó que, "si en lugar de multiplicar el número de viviendas por la superficie total del territorio, se añadiese también el índice de los habitantes, los resultados serían muy diferentes de los que la conselleria maneja públicamente".

Así, aseveró que "la Comunidad es, después de la Región de Murcia, la segunda autonomía con mayor índice urbanizador de toda España", y "no se sitúa por debajo de la media española como aseguró ayer Blasco", apuntó.

Finalmente, preguntado por la no trasposición, por parte del Gobierno central, de la directiva 2004/18/CE sobre procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, suministros y servicios, cuyo plazo para llevarla a cabo finalizó el pasado 31 de enero, Burriel señaló que "ningún gobierno europeo ha efectuado ya la trasposición, porque es un proceso largo y costoso, que suele llevar unos dos años".

Al respecto, apostilló que "a quien está dando un tirón de orejas la UE no es al Gobierno central, sino al Ejecutivo valenciano", por el modelo de urbanismo "depredador del territorio", y aludió a las "críticas" que este modelo está recibiendo también por parte de medios de comunicación "tanto nacionales como internacionales".