VALÈNCIA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -
Los grupos parlamentarios PSPV, Compromís, Podemos y Ciudadanos consideran que en el modelo de residencias de accesibilidad para personas dependientes que fue creado y desarrollado por los exconsellers Rafael Blasco y Juan Cotino hubo "trato de favor" hacia las empresas que resultaron adjudicatarias, entre ellas Gerocentros del Mediterráneo --posteriormente Savia--, vinculada a la familia Cotino.
Así lo han explicado en una rueda de prensa conjunta los diputados Concha Andrés (PSPV), Mònica Àlvaro (Compromís), César Jiménez (Podemos) y David de Miguel (Ciudadanos), en la que han presentado las conclusiones extraídas por los cuatro grupos tras 16 meses de trabajo de la comisión, entre las que figura que la administración pública y especialmente la Conselleria de Bienestar Social "benefició por acción u omisión a las residencias de accesibilidad y especialmente al Grupo Savia.
Los hechos se remontan a 2001, cuando el Consell crear un modelo para aumentar las plazas residenciales con Rafael Blasco como conseller de Bienestar Social. La socialista Concha Andrés ha explicado que en un primer momento se autoriza concertar un tercio de las plazas pero unos meses después un informe "hace una interpretación de esa cláusula de exclusividad que dice que ese tercio puede ser hasta el 100%", abriendo la puerta a que las empresas adjudicatarias "pudiesen consolidar su negocio", algo que será desarrollado por Juan Cotino.
Se trata, según las conclusiones de los cuatro grupos, de un informe "fantasma" que "benefició claramente a las empresas", se realizó "sin los informes preceptivos" y supuso "una auténtica modificación del contrato" y, según un informe de la Abogacía, "un fraude a las bases de licitación" que después "fue declarado ilegal". Además, nadie lo conoció hasta 2006 excepto la UTE Gerocentros del Mediterráneo, agregan.
Según Andrés, "Blasco entra, gestiona y hace negocio" y después Juan Cotino "lo que hace es consolidar ese negocio" y reconoce a esos centros como concertados, con lo que tendrían preferencia a la hora de cubrir plazas.
En definitiva, con sucesivas órdenes y acuerdos "tanto los plazos como el precio/plaza, el número de plazas a financiar por la Conselleria y los municipios donde ubicar las residencias se modificaron de forma arbitraria para beneficiar a las empresas".
"Existía una voluntad política de consolidar que esas empresas tuvieran garantizado el 100% de las plazas, fue un trato de favor", ha recalcado la socialista, que también ha subrayado que las adjudicatarias eran constructoras y ha agregado que les lleva a pensar que "desde un principio se pactó y se negoció" con estas empresas después de que se les hubiera acabado "el chollo del ladrillo".
SIN SANCIONES ANTE LOS INCUMPLIMIENTOS
Por su parte, David de Miguel (Cs) ha coincidido en que hubo "un claro y constatado trato de favor a las empresas por acción y omisión" porque el pliego se incumplió desde el primer momento, en cuanto al plazo para poner en marcha las residencias, con la "permisividad" de la Conselleria de Bienestar Social.
De hecho, en las conclusiones se resalta que "los incumplimientos de las obligaciones esenciales de pliego del contrato fueron reiterados sin que, por norma general, se produjera penalización o sanción administrativa", poniendo como ejemplo que el 85% de las residencias se abrieron fuera de plazo o que inicialmente se adjudicaron 73 residencias y 9.000 plazas de las que se construyeron 52 centros con 6.596.
"Había una necesidad de plazas pero si era tan importante debían haber estado más vigilantes", ha remarcado el diputado, que ha criticado la "dejadez total y absoluta por parte de la Administración".
Además, los grupos consideran que Cotino debía haberse abstenido en todas las órdenes y acuerdos sobre este tema dado que Gerocentros del Mediterráneo estaba vinculada a la familia Cotino, que llegó a tener el 39% del accionariado y resultó beneficiaria del 40% de los centros. Cotino vendió sus acciones en Sedesa --a través de la que participaba en Savia-- en julio de 2007, pero su familia continuó como accionista.
"En dos años, las residencias de la familia Cotino pasan de facturar 11 millones de euros a 40 millones gracias a las acciones del exconseller", asevera el documento.
Otra de las conclusiones que extraen es que el nombramiento por parte de Francisco Camps de Juan Cotino como conseller de Bienestar Social "fue esencial para ampliar el negocio empresarial", ya que "su impulso fue decisivo para ejecutar la exclusividad de hasta el 100% que le exigían las adjudicatarias" con una orden en 2007 que les concedía "auténticos privilegios" y, además, abría la puerta a la subida de precios, lo que se acordó en 2008 con las empresas.
Ese acuerdo, que eleva el precio de 38 a 58 euros por plaza y día, fue calificado por la Abogacía como "extraño documento" que "se pactó al margen de cualquier procedimiento administrativo".
Además, una demanda interpuesta por Savia contra la revisión del IPC concluyó con el aumento en 2,5 euros plaza/día la cantidad que percibía este grupo, por encima del resto de adjudicatarios.
Según ha explicado David Jiménez (Podemos), Angélica Such continuó con la política de Cotino "mediante la adjudicación de plazas de residencia en procedimientos negociados y sin publicidad".
"Van blindando el sistema, modificando las condiciones sin ningún tipo de rubor, cada conseller puso su granito de arena, el que puso un montón fue Cotino", ha indicado Mònica Àlvaro.
No fue hasta 2013 cuando se inicia la revisión de oficio de este tema y se solicitan informes a la Abogacía y el CJC. Este último concluye que no procede la reversión del modelo con Enrique Fliquete como ponente. Los diputados han destacado que este fue abogado de un despacho que, a su vez, defendía a las empresas adjudicatarias en las causas que tenían abiertas con la administración, por lo que debía haberse abstenido.
Para los diputados de los cuatro grupos no fue la ley de emprendedores de 2013 la que provocó esa revisión, sino "la presión pública y de la oposición política ante la aparición de las conversaciones" entre Enrique Ortiz y Vicente Cotino en las que "se evidencia el alto nivel de influencia del Grupo Savia ante los altos cargos de la Conselleria para conseguir llenar sus plazas".
Asimismo, los parlamentarios han detallado que en el caso de la residencia de Xàtiva se han detectado "irregularidades en la tramitación de su expediente, en la obtención de terrenos municipales y en el presunto cobro de comisiones que actualmente se investiga en sede judicial".
DECLARACIÓN DE BIENES DE COTINO
Por otra parte, tal y como ha explicado la diputada de Compromís Mònica Àlvaro, también han detectado que en 2009 Cotino cesó como responsable de Bienestar Social para pasar a Medio Ambiente, con lo cual realiza una nueva declaración de bienes. En enero de 2010 ordena retirar esa documentación del registro de altos cargos "sin que queda debidamente justificado que aportara nuevamente la documentación".
En 2010 se publica la declaración de 2009 en la que "se evidencia que Cotino sigue vinculado a empresas que tienen entre su objeto social la compra y venta de residencias de la tercera edad, hecho que trató de ocultar hasta el punto de retirar la documentación", por lo que piden a la Generalitat "que se estudien las responsabilidades de cualquier índole que puedan derivarse de las acciones del señor Cotino".
Las conclusiones no incorporan un listado de responsables políticos, sino de hechos que consideran probados, ha dicho Àlvaro, que ha precisado: "Los culpables creo que los conocemos todos".
