El PSPV pide al alcalde un informe que evalúe las repercusiones económicas por sentencias perdidas por el PP

 

El PSPV pide al alcalde un informe que evalúe las repercusiones económicas por sentencias perdidas por el PP

Actualizado 25/11/2009 19:37:15 CET

CASTELLÓN, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Castellón, Juan María Calles, ha solicitado al alcalde, Alberto Fabra, que ordene la elaboración de un informe técnico en el que se detallen las repercusiones económicas a causa de las sentencias judiciales contra el equipo de gobierno del Partido Popular. "El desgobierno de Fabra nos está costando muy caro a los castellonenses", afirmó Calles.

Las declaraciones de Calles se refieren a una nueva sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, en la que --según los socialistas-- "se confirma la anulación del PAI Mestrets y, por lo tanto, la paralización de los grandes proyectos electorales de Fabra: suelo para construir 3.000 viviendas protegidas, el Centre de Convencions diseñado por el arquitecto Santiago Calatrava, la sede de la Universidad Internacional Valenciana encargada a Frank Gerhy, la Ciudad Deportiva entre el polideportivo Chencho y el Sindical y la ronda oeste de circunvalación".

"Una vez más la ciudadanía de Castellón se ha visto obligada a recurrir a los tribunales de Justicia y ha vuelto a poner en evidencia el caos y la inoperancia de la política urbanística del equipo de gobierno del PP, que tiene otras prioridades antes que gobernar el Ayuntamiento con criterio y responsabilidad", afirmó Calles, quien añadió que "Fabra debería poner más atención a lo que tiene entre manos y no perder el tiempo en viajes de recreo por Europa y en hacer de palmero de lujo de Francisco Camps en las Corts Valencianes".

"Los fracasos judiciales de Alberto Fabra nos cuestan dinero a todos los castellonenses", añadió Calles. A su juicio, "ésta es la verdadera razón del bloqueo económico que sufre el Ayuntamiento de Castellón y que ha obligado al equipo de gobierno a posponer la aprobación del presupuesto de 2010, que en principio estaba previsto para el 22 de diciembr, pues el PP ha ahogado la principal vía de entrada de ingresos al dinamitar el urbanismo municipal".

Calles pretende que los servicios técnicos municipales hagan una estimación sobre los costes económicos que las sentencias judiciales adversas de los dos últimos años están causando al Ayuntamiento de Castellón.

Según criticó, "los grandes proyectos urbanísticos de Castellón están paralizados, seguimos sin contar con un Plan General que haga de motor de la recuperación ante la crisis, la economía municipal se hunde en el abismo y aquí ningún dirigente popular asume ni la más mínima responsabilidad política".

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