También plantea que la comisión de expertos evalúe el coste que ha tenido la infrafinanciación para las comunidades
MADRID, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha propuesto este martes en la VI Conferencia de Presidentes que se celebra en el Senado que el nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas se apruebe antes del 30 de septiembre, para incluir sus consecuencias en los Presupuestos Generales del Estado de 2018, y tenga efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2014, según han apuntado fuentes de Presidencia.
La financiación ha sido uno de los puntos que Puig ha destacado, dado que el objetivo no es salir del Senado con un texto declarativo o poner día a la reunión de expertos, sino también concretar con qué fecha comenzaría a aplicarse el nuevo modelo. En este punto, la Generalitat propone el 1 de enero de 2014 dado que fue entonces cuando caducó el que sigue vigente.
El director del gabinete del presidente, Arcadi España, ha explicado que esta es la propuesta inicial que ha realizado Puig durante su intervención en el encuentro, con una actitud "constructiva y no victimista" y abierta al diálogo. Ha precisado que Puig también ha planteado que la comisión de expertos formada por representantes de las comunidades autónomas y del Gobierno debería evaluar el coste que para las comunidades ha tenido la infrafinanciación, al menos en servicios públicos esenciales, y buscar fórmulas para compensar, condonar o reestructurar una parte de la deuda.
Al respecto, Puig ha asegurado en su intervención que la Generalitat debe asumir la parte de la deuda derivada de la gestión de anteriores gobiernos autonómicos, pero la otra parte, la derivada de la infrafinanciación, requiere de fórmulas de acuerdo. Desde Presidencia han aclarado que la intención no es poner sobre la mesa números concretos, sino plantear esta filosofía y hablar "del fondo" antes que de cifras.
En relación con la financiación, el 'president' también ha puesto sobre la mesa la preocupación por la financiación que el Estado hace de la ley de Dependencia, dado que le corresponde aportar el 50% y actualmente la aportación, en el caso de la Comunitat Valenciana, se sitúa en el 17 o 18%.
Puig también ha propuesto evaluar los déficits estructurales en infraestructuras que, como ha dicho España, "se eternizan" --poniendo como ejemplo el Corredor Mediterráneo-- para poder priorizar el gasto, al tiempo que ha planteado que se objetivice la construcción de infraestructuras y esta se debata con las comunidades.
VIOLENCIA MACHISTA, TRANSPARENCIA, EMPLEO Y DEMOGRAFÍA
También ha planteado un pacto de estado contra la violencia de género para mejorar la coordinación entre autonomías, así como un acuerdo sobre la gestión de refugiados y un acuerdo por la transparencia o una flexibilización de la tasa de reposición de empleados públicos en servicios no considerados fundamentales.
En el debate sobre la demografía, Arcadi España ha explicado que la Generalitat ha pedido que además de la despoblación también se aborde la "población flotante" en algunos meses de año en distintas comunidades o la inmigración.
En su intervención, según las mismas fuentes, ha transmitido la necesidad de acabar con los tópicos sobre la Comunitat, ha reclamado la lealtad en doble sentido entre comunidades y el Gobierno, ha apelado a la responsabilidad compartida y ha presentado el "problema valenciano" como la "solución valenciana".
