Sareb denuncia ante fiscalía a la promotora de In Tempo de Benidorm por desvío de fondos

 
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Sareb denuncia ante fiscalía a la promotora de In Tempo de Benidorm por desvío de fondos

Publicado 28/10/2016 17:51:44CET

ALICANTE, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A. (Sareb) ha anunciado este viernes que ha denunciado ante la Fiscalía General del Estado la existencia de presuntas irregularidades en la gestión de Olga Urbana S.L., propietaria del edificio In Tempo, en Benidorm (Alicante) y cifra en 23 millones de euros el "perjuicio económico" causado.

Sareb ha indicado en un comunicado que, entre las irregularidades detectadas, se han localizado "presuntos desvíos de fondos y vinculaciones societarias entre los dueños y administradores de Olga Urbana S.L. y algunos de sus propios contratistas y proveedores".

El llamado 'banco malo'adquirió el 31 de diciembre de 2012 "por mandato legal" el crédito concedido por Nova Caixa Galicia a Olga Urbana S.L. para la construcción del edificio In Tempo, cuando el edificio se encontraba construido "aproximadamente al 93%", según el comunicado en el que detalla que todos los indicios comunicados a la Fiscalía corresponden a la etapa anterior a su entrada de Sareb como acreedor hipotecario, fundamentalmente en los primeros años de construcción del rascacielos, ha subrayado el organismo.

"La investigación que se ha desarrollado sobre la operativa de Olga Urbana revela que en los años previos al inicio de la construcción hubo un desvío de fondos cercano a los 13 millones de euros, que nunca fueron a parar a su destino final, la construcción de la obra. Además, se ha detectado que algunos de los posteriores compradores de viviendas eran accionistas o administradores de Olga Urbana S.L., sin que se haya podido justificar los precios pagados ni el destino de las cantidades entregadas a cuenta", sigue el escrito.

Además, "se ha observado que existen presuntas vinculaciones entre Olga Urbana S.L. - bien a través de la dirección facultativa de la obra, los accionistas, los administradores, o incluso los familiares de aquellos- con sociedades mercantiles que adquirieron viviendas mediante un documento privado, incluso que fueron adjudicatarias de contratos para desarrollar la obra".

También se han detectado "posibles vinculaciones" con proveedores de la obra que "presuntamente intervinieron en los desvíos no justificados" del coste de la obra, han añadido las mismas fuentes.

La Sareb ha recalcado que "a lo largo de los casi 4 años en los que Sareb ha actuado como acreedor, ha iniciado todas las acciones necesarias para dotarse de las máximas garantías jurídicas y procesales para la preservación de su garantía hipotecaria sobre el edificio".

En ese sentido, ha enmarcado que "en noviembre de 2014, y ante la clara situación de insolvencia en que se encontraba Olga Urbana S.L., Sareb solicitó ante el Juzgado Mercantil instar su concurso de acreedores con la intención de posibilitar el control judicial y transparencia en la gestión de esta sociedad, gracias a la intervención de un administrador concursal y a la vigilancia del propio juzgado".

VISTA EN JUZGADO ALICANTE

Precisamente este viernes se ha celebrado en el juzgado de lo Mercantil número 1 de Alicante la vista para dirimir si la Sareb es acreedor privilegiado o subordinado de cara al cobro de la deuda por la construcción del edificio. Si se dictamina que la Sareb es 'privilegiado', se quedaría con el edificio, mientras que de lo contrario todos los acreedores tendrían preferencia a cobrar sus deudas.

La demanda de incidente la interpusieron diversas empresas, entre ellas Kono Estructuras que, según han indicado a Europa Press antes del inicio de la vista, con el objetivo de que se reconozca a la Sareb como acreedor subordinado para que sean las empresas afectadas las que puedan cobrar los adeudos pendientes antes que ningún otro acreedor.

A ese respecto, según han confirmado fuentes de la Sareb, la entidad asumió la deuda en enero de 2013 "cuando se transfirieron los activos" y por lo tanto "no hubo relación" con las empresas afectadas.
Así, han explicado que se optó por el concurso de acreedores y no se ejecutó el aval de la hipoteca porque "se quería que hubiera transparencia y control judicial en la gestión de la sociedad. Porque solo con la intervención de un administrador concursal y la vigilancia del propio juzgado se podía hacer una gestión transparente y porque en la gestión de Olga Urbana se habían visto irregularidades", ha subrayado.

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