Aviso: Esta noticia tiene más de un año. Última actualización: 11/11/2009 11:51
La empresa Sedesa --una de las cinco constructoras que el PSPV ha incluido en la querella por financiación ilegal y otros seis delitos a raíz del 'caso Gürtel'-- anunció este miércoles que ejercitará acciones legales contra los cuatro diputados del PSPV que firman dicha querella, anunció este miércoles la entidad en un comunicado. El portavoz del PSPV en las Corts, Ángel Luna, junto a Ximo Puig, Carmen Ninet y Cristina Moreno son los parlamentarios que suscriben el documento.
Desde la empresa recordaron que ya el pasado 6 de octubre hizo público un comunicado donde defendió su "recto proceder a lo largo de su trayectoria empresarial de más de 65 años" y denunció la "falsedad de las informaciones publicadas por diversos medios de comunicación".
No obstante, lamentaron estas fuentes, "esta misma semana se ha conocido de la presentación de una querella ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en la que se vierten falsas acusaciones y se citan de nuevo cifras de adjudicaciones con la Administración Autonómica que son igualmente falsas". En concreto, la querella interpuesta por los socialistas comprende a 17 personas, entre ellas el administrador del Grupo empresarial Inmobiliario Sedesa, Vicente Cotino.
"A pesar de tratarse de datos públicos y fácilmente contrastables, dichas informaciones se han tergiversado intencionadamente y de manera dolosa tanto en la querella como en el informe policial que ha sido utilizado por los firmantes, a sabiendas de la falsedad de las mismas", criticaron.
En este sentido, explican que Sedesa "ha sido adjudicataria de menos de un 2 por ciento de las licitaciones a las que se ha presentado sin que, en ninguno de los concursos en los que ha resultado adjudicataria, haya sido cuestionado el recto proceder de la administración por el resto de licitadores".
En la misma línea defienden que Sedesa "lleva más de 65 años ejecutando obras públicas, tanto en la Comunidad Valenciana como en el resto de España y en otros países, con gobiernos de todas las tendencias políticas".
"A lo largo de su trayectoria, Sedesa ha demostrado sobradamente su solvencia y su profesionalidad y ha contribuido, a través de sus obras, a generar riqueza y más de 2.600 puestos de trabajo, de manera directa e indirecta", añaden.
De igual modo, la empresa niega haber recibido los 539 millones de euros de adjudicaciones a los que se refiere la querella. La cifra "real, que es pública y contrastable y que esta compañía ha comunicado anteriormente", es de 97 millones de euros, inciden.
Al parecer de la firma, esta diferencia se explica por la inclusión en ese desglose de algunas cifras inexactas, como la inclusión de obras de clientes privados y de obras en las que Sedesa participa en UTE, entre el 33% y el 50%, con las principales empresas del sector, nacionales y regionales, por lo que el importe que corresponde a Sedesa en ellas se limita a su porcentaje de participación y no al total de la adjudicación.
Además, se ha incluido la adjudicación de la concesión de la
CV-50, también en UTE y en la que, además, se ha reflejado el importe máximo de la concesión a 35 años (435 millones) y no el valor real de la adjudicación. En esta concesión, financiada por la UTE, Sedesa participa en un 35%, por lo que el importe que nos corresponde en esta adjudicación es de 56,5 millones de euros.
"DAÑO A LOS TRABAJADORES"
Finalmente, los responsables de Sedesa aseveran que "las falsas acusaciones vertidas contra esta empresa dañan gravemente su imagen y al conjunto de sus trabajadores, tanto en sus actuaciones nacionales como internacionales".
Por ello, advierten de que Sedesa "no permitirá que se cuestione su honorabilidad y procederá de forma inmediata a ejercitar acciones civiles y penales contra los firmantes de la querella y todos aquellos que le injurien o calumnien".