El TSJCV condena al Ayuntamiento de Valencia a declarar zona ZAS en tres meses el entorno de Blasco Ibáñez y Cataluña

Actualizado 11/05/2006 18:32:30 CET

VALENCIA, 11 May. (EUROPA PRESS) -

La sección tercera de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha condenado al Ayuntamiento de Valencia a declarar Zona Acústicamente Saturada (ZAS) el entorno de las calles Cronista Almela y Vives, Menéndez Pelayo, Ramón Gordillo y las avenidas de Blasco Ibáñez y de Cataluña de la capital, previa delimitación definitiva, que deberá adoptar en el plazo "máximo" de tres meses, periodo de tiempo en el que deberá establecer las medidas correctoras previstas en la Ordenanza Municipal del Ruido y Vibraciones.

La sala ha estimado de esta forma parcialmente el recurso contencioso-administrativo presentado por la Comunidad de Propietarios del bloque 8, Torres del Pasaje del Doctor Bartual Moret de Valencia contra la desestimación presunta del consistorio de la solicitud de zona ZAS para ese entorno y ha decidido declarar contrario a derecho que el Ayuntamiento no concluyera el procedimiento iniciado en septiembre de 1998 sobre esta declaración.

Así, señala que es obligatoria esta declaración para el consistorio cuando concurre el supuesto contemplado en la Ordenanza de Ruidos y Vibraciones del propio ayuntamiento, que considera que no ha cumplido con su obligación de concluir el procedimiento administrativo que él mismo inició. Al respecto, subraya que un tribunal de Justicia no puede inhibirse ante la petición de tutela de los derechos invocados en este supuesto y, por tanto, puede declarar que esta zona soporta unos niveles de ruido que obligan a declararla como ZAL.

Según alegaron los demandantes, el 18 de septiembre de 1998, el pleno del Ayuntamiento de Valencia acordó el comienzo de los trámites necesarios para declarar como zona ZAS este entorno y se encargó al Servicio de Laboratorio Municipal y del Medio Ambiente la realización de un estudio sonométrico. El 13 y el 27 de septiembre de 1999 se emitieron dos informes en los que se indicaba que entre los meses de enero y junio de ese año se sobrepasaron los niveles de ruido establecidos en la Ordenanza. Con posterioridad, hasta 2002, se llevaron a cabo nuevas mediciones con el mismo resultado.

Para los vecinos, era "notorio" que esta zona sufre desde años contaminación acústica nocturna derivada de la "excesiva concentración de numerosos pubs, bares, cafeterías, restaurantes, discotecas", así como por "la asistencia masiva de personas y sus vehículos que acuden a dichos establecimientos consumiendo alcohol en las calles hasta altas horas de la madrugada".

Los vecinos reclamantes aseguraban que el Ayuntamiento tenía "obligación" de declarar la zona ZAS "por exigencias del principio de legalidad y el carácter irrenunciable del ejercicio de las competencias públicas, sin que pueda demorarlo más".

Frente a las pretensiones de los reclamantes mostraron su oposición el Ayuntamiento de Valencia, la Federación Empresarial de Hostelería provincial, la Asociación de Empresarios de Salas de Fiestas, baile y discotecas y una empresa particular, que alegaban en conjunto que la declaración de ZAS suponía una limitación de los derechos de los titulares de locales de la zona que disponen de licencia; que había cambiado el panorama legal al promulgarse la Ley valenciana 7/2002 de Protección contra la Contaminación Acustica y significaba una colisión con el derecho a la libertad de empresa.

La sala, en primer lugar, señala que se debe dar como probado que el ruido soportado en el ámbito de estas calles supera los niveles contemplados en el artículo 30.2 de la Ordenanza Municipal de Ruido y Vibraciones del Ayuntamiento de Valencia, a la vista de tres pruebas sonométricas y cuatro informes donde así se indica.

LIBRE EMPRESA

En relación con la vulneración al derecho a la libre empresa y a los derechos constitucionales a no padecer indefensión y a la presunción de inocencia, los magistrados explican que el Tribunal Constitucional ya ha declarado que el ruido puede representar un "factor psicopatógeno y una fuente permanente de perturbación de la calidad de vida de los ciudadanos" y que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha destacado que el derecho de la persona al respeto de su vida privada y familiar puede verse afectado por "atentados inmateriales o incorporales" como son el ruido.

Por ello, la sala señala que en una ponderación conjunta de todos los valores alegados en esta causa, las limitaciones para la libertad de empresa son "necesarias, adecuadas y proporcionales para la preservación de otros principios o derechos constitucionales" y que, al igual que otro pronunciamiento de este tribunal, "en modo alguno puede tener un carácter absoluto" y se puede ver limitado por otros derechos como el descanso, la salud, la intimidad o el medio ambiente.

En este sentido, afirma que la necesidad de preservar estos valores "justifican la diferencia de trato a los empresarios que supone la declaración de determinada zona ZAS". Asimismo, alega que esta determinación "tendrá en consideración el nivel de ruido globalmente considerado en el ámbito correspondiente" y que puede ser adoptada "con independencia de que determinados locales, individualmente considerados, cumplan o no con la normativa en materia de ruido, por lo que tampoco la declaración de zona ZAS ha de contemplarse como una medida subsidiaria de otras posibles".

El tribunal rechaza que la potestad de declarar una zona como ZAS sea "discrecional" sino que esta declaración "responde a la justa necesidad de preservar los derechos al medio ambiente y a la salud de los ciudadanos". Por ello, al darse el supuesto de hecho contemplado en la norma del Ayuntamiento para preservar los derechos constitucionales, "no puede ser igualmente justa la decisión de hacer dejación de la potestad atribuida".

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