ALICANTE, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -
La sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha confirmado una condena a 12 años de prisión a un hombre por abusar sexualmente de su suegra discapacitada y grabar los abusos en video que su ahora exmujer encontró en el ordenador familiar.
De esta forma, el tribunal rechaza el recurso del condenado contra la decisión de la Audiencia de Alicante de condenarle por estos hechos: siete años de cárcel por abuso sexual y cinco más por explotación sexual y corrupción.
En ambos casos, además, se le impone una libertad vigilada de nueve años que consiste en la prohibición de desempeñar actividades que puedan facilitarle la ocasión de cometer delitos similares y obligación de participar en programas de educación sexual así como la prohibición de comunicarse con la víctima. Además, deberá indemnizarla con 20.000 euros.
La mujer, de 83 años en el momento de los hechos, sufre un deterioro cognitivo y motor que le hace absolutamente dependiente de terceros para actos básicos de la vida diaria. En estas circunstancias, su exyerno hacía de cuidador de la anciana, con quien convivía.
El condenado recurrió la sentencia de primera instancia por cinco motivos, fundamentalmente al considerar que se habían obtenido las pruebas con vulneración de derechos fundamentales porque aseguraba que su exmujer había accedido al ordenador aprovechando un descuido porque no le había dado las claves.
La acusación particular representada por la hija de la víctima fue quien descubrió los videos y los entregó a la Policía. Su defensa argumentó que ese ordenador era propiedad de la familia y, por tanto, tenían acceso a él tanto ella misma como sus hijas.
La sala, en una sentencia facilitada por el TSJCV, subraya que fue el propio acusado quien reconoció los hechos ante el juez de Instrucción y en el juicio, con los rasgos de "espontaneidad y voluntariedad", y que su abogado no pidió la nulidad de las pruebas en esa vista. Por tanto, considera que no cabe dudar de la legitimidad constitucional de la valoración de ninguna de las pruebas y que no existe vulneración de la presunción de inocencia.
