Ayuntamiento de València pide al Consell que los municipios regulen la tasa turística y consenso con el sector

Sandra Gómez
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Publicado 19/09/2017 15:06:08CET

VALÈNCIA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València ha pedido a la Generalitat Valenciana que, en caso de que saque a la luz una normativa que regule la tasa turística, sean los propios municipios los que la regulen. "Los ayuntamientos decidiremos cómo, cuándo, por qué y a quién imponemos estos impuestos", ha subrayado la concejal de Turismo en la ciudad, Sandra Gómez, en declaraciones a los medios de comunicación. Así mismo, ha reclamado consenso con el sector y que el dinero que entre en València, se quede en València.

Gómez ha explicado que este martes ha mantenido un encuentro con el sector a raíz del debate generado en torno a la tasa turística para recoger sus ideas e impresiones. "No estamos de acuerdo con las posiciones políticas que pretendan imponer estas tributaciones sin abrir una consulta con todo el sector, empresas y profesionales, que trabajan en el turismo", ha manifestado.

En este sentido, ha manifestado que es un tema "muy importante" que merece un debate "riguroso, serio, profesional, sereno y pausado". "Hablamos de imponer un nuevo impuesto y no podemos hacer en la Comunitat un corta y pega de otras autonomías porque tenemos una realidad turística diferente", ha apostillado.

Así mismo, ha abogado por que la competencia de esta tasa se deje en manos de los ayuntamientos. Si esta ley autonómica sale adelante, "siempre con el consenso del sector", desde el consistorio valenciano han exigido que se deje la regulación y la ordenación a los municipios.

"Los ayuntamientos decidiremos cómo, cuándo, por qué y a quién imponemos estos impuestos. Al final, las realidades turísticas son muy diferentes en la Comunitat. No tiene nada que ver el litoral con el interior, el modelo de València con el de Benidorm", ha aseverado Gómez. "Cada municipio -ha agregado-- tiene su propia realidad, perfil de visitante y estrategias de turismo. Y exigimos que la competencia y la regulación sea municipal", ha insistido.

Junto a estas medidas, Gómez ha reclamado que lo que se aplique "sea finalista para el sector". "Si es un impuesto que se pone en el ámbito del turismo, que lo que se recaude, sea finalista para llevar a cabo políticas turísticas y que no vaya todo al ámbito autonómico, a una caja única", ha manifestado.

Preguntado por el destino que, a su juicio, debería tener el dinero recaudado con esta tasa, Gómez ha señalado que puede ir en dos vías: "En cuestiones de promoción y en servicios públicos que ayudan a mejorar la imagen de la ciudad como la señalización de museos, poner una policía turística o rehabilitar entornos históricos", ha puesto como ejemplos. "Que el dinero que entra en València, no salga de València", ha repetido.

APARTAMENTOS ILEGALES

Además, Gómez se ha referido a los apartamentos turísticos ilegales y ha indicado que desde el consistorio están focalizando esfuerzos para "atajar una competencia desleal importante", ha dicho. "Estamos negociando con ellos en dos aspectos. Uno de ellos es el tema de limitación de días y otro es implantar una tasa a través de las plataformas en las que se anuncian", ha afirmado.

"En principio, desde las plataformas están dispuestos a dialogar y ójala València seamos una de las primeras ciudades en intentar llegar a un acuerdo con este tipo de plataformas", ha aseverado.

Respecto a la tasa a estas plataformas, ha comentado que si finalmente sale adelante la tasa turística, estas entidades tendrán que abonarla, "como todos". "Si al final habrá tasa para todos, las plataformas no serán una excepción", ha aseverado Gómez, al tiempo que ha agregado que a nivel jurídico "hay margen" para imponer determinadas tasas a este tipo de plataformas.

En cuanto a los plazos, Gómez ha afirmado que se podría limitar el alquiler a un tiempo razonable de 60 días, "que iría dentro de la supuesta economía colaborativa". "Creo que pocas personas se pueden permitir estar más de 60 días de vacaciones y que es una cifra razonable y puede quedar bajo el paraguas de una economía colaborativa con el que justificar que se trata de viviendas residenciales y no de pisos adquiridos con el único objetivo de ser utilizados como alejamientos turísticos ilegales".

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