MADRID, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ya ha recibido el dictamen del Consejo de Estado sobre el anteproyecto de Ley de Propiedad Intelectual (LPI), un extenso informe de 184 páginas al que ha tenido acceso Europa Press y que critica algunas propuestas del Gobierno, especialmente las relativas a la compensación por copia privada.
"Deben extremarse las cautelas en la definición del límite de copia privada y en la correlativa implantación del sistema de compensación equitativa por copia privada", recalca el dictamen, para después añadir que "una restricción extrema de los casos legítimos de copia privada puede tener el efecto perverso de promover un hábito de la descarga que se sitúe al margen de lo legal".
Al depender para su implantación directamente de los Presupuestos Generales del Estado, el Consejo avisa de posibles tensiones en el sistema de compensación equitativa en caso de que la cantidad fijada "no alcanzara el nivel adecuado exigido por el Derecho Europeo". "Esta situación no es en absoluto descartable y obligaría a acudir a alguno de los mecanismos de modificación de los créditos presupuestarios", apostilla.
Asimismo, el dictamen señala que el Anteproyecto "no contiene los criterios que se tendrán en cuenta para la cuantificación y liquidación de la compensación equitativa". "Se limita a prever que la compensación será calculada sobre la base del criterio del perjuicio causado a los beneficiarios y que contará con una consignación anual presupuestaria", remarca.
Por ello, el Consejo de Estado afirma que "debe revisarse la configuración que el Anteproyecto hace de estas dos relevantes materias en los artículos 25 y 31 de la LPI a fin de garantizar su ajuste con el Derecho europeo, en los términos en que ha sido interpretado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea".
ENTIDADES DE GESTIÓN
Por otro lado, el Consejo indica que "debe traerse a examen" la introducción de una nueva figura denominada "operadores en el mercado de gestión colectiva voluntaria", puesto que "no existen ni en la exposición de motivos ni en la memoria", y puede provocar encontronazos con la legislación europea recogida en la Directiva 2012.
"El Anteproyecto debe ser objeto de una profunda revisión, a fin de adecuarlo a la normativa europea y poder precisar cuál es el exacto régimen jurídico de los operadores. Entiende el Consejo de Estado que es necesario que el régimen de la gestión colectiva de derechos, una vez que se ha decidido proceder a su reforma legal, sea claro y de perfiles definidos para cada uno de los agentes que operan en tal forma", explica.
El Consejo también "estima oportuno modificar" el artículo regulador de la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual con objeto de "ampliar sus competencias, incluyendo entre éstas la función de determinación de las tarifas para la explotación de los derechos de gestión colectiva obligatoria de las entidades de gestión y de control para velar por que las tarifas generales establecidas por éstas, en cumplimiento de sus obligaciones, sean equitativas y no discriminatorias".
EL GOBIERNO LO "TENDRÁ EN CUENTA"
Una vez recibido el dictamen del Consejo de Estado, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte "ha iniciado el análisis detallado de las observaciones realizadas por este órgano consultivo del Gobierno y tendrá en cuenta varias de las mismas, con el objetivo de enriquecer y perfeccionar el anteproyecto de Ley".
En un comunicado, el Ministerio asegura que en este dictamen "no constan observaciones con carácter esencial", y añade que en él se "reconoce que en anteproyecto trata de avanzar en la configuración de un régimen jurídico de la propiedad intelectual acorde con los cambios normativos recientes y con los más novedosos pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea".
En esta línea, el Ministerio afirma que el Consejo de Estado realiza una "valoración positiva expresa de diversos aspectos sobre la transparencia y eficacia de la gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual, y respalda el planteamiento del texto normativo sobre la mejora de los mecanismos para la protección de derechos frente a las vulneraciones que puedan sufrir en internet".
Por último, el comunicado avanza que "en las próximas semanas el anteproyecto de Ley será remitido al Consejo de Ministros para su segunda lectura y aprobación como proyecto de Ley, para remitirlo a las Cortes e iniciar la tramitación parlamentaria".
