MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -
La investigadora valenciana Patricia Llopis Nadal ha resultado ganadora de la quinta edición del Premio Antonio Delgado, que organizan anualmente el Instituto Autor de la SGAE (IA) y el Observatorio Iberoamericano del Derechos de Autor (ODAI), según ha anunciado la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) en un comunicado.
Por su parte, la venezolana María Inés de Jesús-González ha resultado finalista de este galardón con el que anualmente se reconocen los mejores trabajos de investigación en torno al desarrollo de la propiedad intelectual.
La entrega ha tenido lugar este viernes en Madrid, en la sede de la SGAE en un acto presidido por el presidente de la entidad, José Miguel Fernández Sastrón; el presidente del Instituto Autor, Francisco Javier Monedero; y el secretario general del Instituto Autor, Carlos López.
Patricia Llopis Nadal (Sueca-Valencia, 1988) se ha alzado con el galardón por su trabajo 'La protección de la propiedad intelectual vulnerada en Internet: Determinación del órgano competente según el sistema español', en el que analiza los usos ilícitos de prestaciones protegidas.
Al recoger el premio, Llopis, experta en derecho procesal, ha señalado que su trabajo pretende "ser una guía para proteger al autor en la sociedad de hoy en día, cuando se infringen en internet los derechos de los creadores".
Del mismo modo, María Inés De Jesús-González (Mérida-Venezuela, 1970) ha resultado finalista por 'El plagio y las pseudoautorías. Una mirada a la realidad universitaria para la reflexión y la construcción de significados hacía el rescate del derecho de autor'. "Un trabajo que aborda y denuncia las autorías ficticias que se dan en el ámbito universitario", según ha definido.
El presidente de la SGAE, José Miguel Fernández Sastrón, ha clausurado el acto recordando que el derecho de autor vive hoy "un momento muy difícil, casi perverso".
El músico y compositor ha lamentado que, actualmente, se estén "subastando al mejor postor" los derechos de los autores", en alusión al Real Decreto-Ley aprobado por el Consejo de Ministros la pasada semana y en el que se transponen al ordenamiento jurídico español dos directivas europeas.
