La Junta acata "con serenidad" la decisión de la AN y destaca que todavía queda una puerta abierta

 

La Junta acata "con serenidad" la decisión de la AN y destaca que todavía queda una puerta abierta

Actualizado 27/01/2006 15:02:02 CET

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura y Turismo de la Junta, Silvia Clemente, aseguró esta noche que el Gobierno castellanoleonés acata la decisión de la Audiencia Nacional de permitir el traslado de los papeles del Archivo de Salamanca sobre la Guerra Civil con la misma "serenidad" que lo hizo cuando el órgano judicial ordenó la medida cautelarísima que paralizaba su cambio de ubicación a Cataluña y destacó que todavía "queda una puerta abierta".

En declaraciones a Telemadrid recogidas por Europa Press, Clemente argumentó que esta "puerta abierta" responde a que la resolución de la Audiencia contempla que la Generalitat de Cataluña deberá "salvaguardar los documentos" hasta que se resuelva definitivamente el recurso presentado por el Ayuntamiento salmantino, en cuyo caso el Gobierno catalán deberá restituir los papeles al Archivo de Salamanca.

La consejera de Cultura de la Junta incidió en que importantes instituciones como la UNESCO, que encargó un estudio sobre los archivos de la represión que apuntó la necesidad de mantener unido el patrimonio que representan, o la Academia de Historia española y la propia comunidad archivística amparan las tesis del Ayuntamiento salmantino para recurrir el traslado de los papeles.

Clemente criticó además la "ficticia" Comisión de Expertos que creó el Ministerio de Cultura y argumentó que fue "amañada" porque no ha trascendido el contenido de las actas y el Gobierno de Castilla y León conoció el dictamen "de manera extraoficial", además de haber sido en la ley que finalmente se ha aprobado para regular el traslado.

En este sentido, acusó a la ministra de Cultura, Carmen Calvo, de destruir la unidad del Archivo y criticó que presuma de haberlo "salvado". "El Gobierno ha incumplido su obligación como Estado de proteger el Patrimonio Histórico y defenderlo del expolio y lo que está haciendo es cometer un expolio, definido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional como una destrucción de la función social del bien patrimonial", explicó.

En este caso concreto, concluyó, la función social del Archivo de Salamanca es la de posibilitar la investigación y acreditar la historia de este país, "que es lo que se estaba haciendo".

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