Aviso: Esta noticia tiene más de un año. Última actualización: 26/08/2008 18:05
El Gobierno catalán ha modificado el decreto, aprobado en marzo, que establece una garantía de seis meses a los propietarios de una vivienda ante situaciones de impago del alquiler, y ha eliminado la obligatoriedad de contratar un seguro para dar cobertura a las compensaciones previstas.
Ahora, dada la crisis económica y la desaceleración del mercado inmobiliario, el Govern ha decidido estimular el alquiler con una actuación más directa.
Por ello, y sin perjuicio de la futura contratación de un seguro, la Generalitat anunció que se hará cargo inicialmente del coste del alquiler durante un máximo de seis meses, siempre que el propietario demuestre el desahucio por impago. El alquiler mensual de cómputo será el depositado como fianza obligatoria.
Una vez obtenida la sentencia y presentada la documentación al Institut Català del Sòl (Incasòl), el arrendador recibirá, en un máximo de dos meses, las mensualidades no cobradas desde el inicio de la actuación judicial, según aprobó hoy el Govern en la reunión del Consell Executiu.
REQUISITOS Y EXCEPCIONES DEL AVAL
Para beneficiarse de esta medida, la renta mensual no deberá superar los 1.500 euros en la ciudad de Barcelona. En el resto de municipios, la cuantía máxima del alquiler será de entre 1.200 y 600 euros, según la zona.
El propietario no deberá haber exigido una fianza superior a dos meses de alquiler ni ninguna otra garantía adicional a la firma del contrato. Además, tendrá que haber depositado en el Incasòl el contrato íntegro de alquiler, la fianza y un documento de compromisos sobre este aval.
Para evitar posibles abusos o fraudes, el Govern no pagará el alquiler cuando en un plazo de tres años se hayan dictado tres sentencias de desahucio por impago en la misma vivienda, o si en dos años se ha dictado más de una sentencia de desahucio por impago que condene al mismo inquilino. Tampoco garantiza el aval si el Incasòl comprueba que el propietario ha dificultado el pago del alquiler.
En cuanto a los alquileres obtenidos a través de las bolsas de mediación, el decreto sólo será operativo cuando hayan vencido las garantías de las bolsas, que ya ofrecen un seguro los primeros dos años por impagos y desperfectos.
En Cataluña, unas 350.000 familias viven de alquiler. El año pasado se realizaron cerca de 60.000 contratos de arrendamiento y hubo unos 6.500 procesos judiciales relacionados con el impago.