El Congreso aprueba el dictamen de la Ley de Suelo con la única oposición del PP

Actualizado 01/03/2007 16:10:53 CET

La mayoría de los Grupos Parlamentarios emplazan al Senado el debate sobre la invasión de competencias autonómicas de la ley

MADRID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó hoy el dictamen del proyecto de Ley de Suelo con la única oposición del Grupo Popular. CiU apoyó en líneas generales el dictamen, aunque votó en contra de algunos aspectos competenciales al vulnerar el Estatuto de Cataluña.

Por otra parte, todas las enmiendas presentadas al texto fueron rechazadas, mientras que BNG retiró las suyas momentos antes de la votación.

La ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, subrayó en su comparecencia al inicio del debate que la constitución de los nuevos ayuntamientos después de los comicios autonómicos y locales del mes de mayo coincidirá, según lo previsto, con la entrada en vigor de la Ley de Suelo el próximo 1 de julio.

En este sentido, subrayó que estos Gobiernos locales habrán de aplicar desde su constitución un "código de conducta más exigente, más transparente y menos tolerante con las malas prácticas" en materia urbanística.

Trujillo destacó además las novedades que incluye el proyecto de ley en materia de lucha anticorrupción introducidas en la fase de Comisión, y se refirió así a la obligación de que todos los convenios urbanísticos y permutas de terrenos sean aprobados por el pleno municipal.

Según recordó, el texto contempla la obligación de las administraciones de publicar en internet el contenido actualizado de sus planes territoriales y urbanísticos, mientras que en los expedientes de recalificaciones de terrenos que conlleven una plusvalía, se hará constar quiénes han sido los propietarios de las fincas beneficiadas durante los últimos cinco años.

INVASIÓN DE COMPETENCIAS AUTONÓMICAS.

La mayoría de los grupos nacionalistas mantuvieron a lo largo del debate su oposición a algunas disposiciones del articulado que, en su opinión, suponen una invasión de las competencias autonómicas en materia de urbanismo.

Con todo, coincidieron en que el proyecto de ley se remite a la Cámara Alta después de haber sido mejorado en este sentido durante la fase de Comisión, y esperaron poder corregir las carencias competenciales aún existentes en la próxima fase de tramitación.

Concretamente, el portavoz de CiU, Jordi Jané, reconoció "avances" en este ámbito, aunque aseguró también que esta mejora "no ha sido total" puesto que en el articulado de la norma "queda un aspecto competencial pendiente".

Desde BNG, el portavoz Francisco Rodríguez advirtió de que la normativa autonómica podría quedar "marginada" respecto a la Ley de Suelo, y criticó que los criterios generalistas del proyecto de ley no tienen en consideración la diversidad existente entre los asentamientos poblacionales de las diferentes regiones españolas.

Asimismo, el portavoz del PNV, José Ramón Beloki, aseguró que el texto "es mejorable" en el ámbito competencial.

Por su parte, el portavoz de ICV-IU, Joan Herrera, instó a introducir durante el trámite de la ley en el Senado una mención explícita a las competencias exclusivas de las comunidades autónomas en materia de urbanismo.

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN.

Las críticas más duras al texto surgieron del Grupo Popular, ya que, según su portavoz, Pablo Matos, el proyecto de ley sigue teniendo como único objetivo "abaratar las expropiaciones". En esta línea, Matos aseguró que la Ley de Suelo no persigue el abaratamiento de los precios, ni tampoco trata de evitar la especulación, puesto que, según aseguró, no recoge medidas explícitas al respecto.

Sin embargo, el portavoz 'popular' reconoció las mejoras introducidas en el proyecto de ley a través de las enmiendas transaccionadas incluidas durante la fase de Comisión dirigidas a lucha contra la corrupción.

Esta opinión fue compartida por el portavoz de ICV-IU, Joan Herrera, quien afirmó, por otro lado, que el proyecto "no es una ley anticorrupción", por lo que estimó que este problema ha de atajarse desde medidas más profundas que afecten al régimen competencial o al modelo de crecimiento económico.

En la misma línea, Beloki elogió las medidas incluidas en este ámbito, aunque señaló que "no se le puede pedir a la Ley de Suelo lo que no se le puede pedir".

Por otro lado, el portavoz de ERC, Josep Andreu, consideró de "suprema importancia" la introducción de mayores controles sobre los procesos de aprobación de los convenios urbanísticos.

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