MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Comunidad de Madrid solicitará la impugnación del Real Decreto que regula la Renta Básica de Emancipación al considerar que éste invade las competencias exclusivas que la Constitución atribuye al Gobierno regional en materia de vivienda.
Esta decisión, autorizada hoy por el Consejo de Gobierno, se produce tras analizar la modificación del citado Real Decreto realizada por el Ministerio de Vivienda y publicada el pasado 8 de abril en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Como en el anterior requerimiento de incompetencia, aprobado por el Consejo de Gobierno el 27 de diciembre de 2007, el Ejecutivo regional considera que el Gobierno central "no sólo se extralimita en sus competencias, sino que fija la política de vivienda de la Comunidad de Madrid e impone obligaciones a las comunidades autónomas para asegurar la aplicación de la llamada Renta Básica de Emancipación".
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el vicepresidente, consejero de Cultura y Deporte y portavoz del Gobierno regional, Ignacio González, señaló que, siguiendo con el procedimiento, en los próximos días los servicios jurídicos del Gobierno regional presentarán el nuevo requerimiento de incompetencia ante el Ministerio de la Presidencia.
"Esta decisión no significa que el Ejecutivo madrileño vaya a solicitar la suspensión de las ayudas, sino que se reconozcan las competencias exclusivas que en materia de vivienda detenta la Comunidad de Madrid", aclaró.
Asimismo, González reclamó al departamento que dirige Beatriz Corredor que explique "las dificultades y demoras" que se han detectado en el pago de la Renta Básica de Emancipación. Así, indicó que, como ha señalado recientemente el Defensor del Pueblo, el Ministerio de Vivienda "debe dar explicaciones sobre su inactividad en la resolución de los problemas denunciados por los jóvenes a la hora de cobrar la ayuda del alquiler".
ARGUMENTOS CONTRA EL DECRETO.
En líneas generales, el Ejecutivo regional considera que el Ministerio no tiene facultad para efectuar el pago directo de las ayudas, "ya que éste se debe realizar a través de la Comunidad de Madrid".
"Asimismo, el Ministerio no puede atribuirse la competencia de autorizar el pago de las ayudas ni obligar a las comunidades autónomas a comunicar los cambios sufridos por los beneficiaros de las mismas", agregó el Ejecutivo regional.
Además, cree que el Gobierno central "no tiene capacidad para ordenar la creación de ventanillas únicas de gestión ni decidir si la Renta Básica de Emancipación es compatible con otras ayudas o de deducciones regionales, tal y como se establece en el Real Decreto".
Por último, la Comunidad de Madrid basa su requerimiento de incompetencia en el argumento de que el Ministerio "no es competente" para firmar convenios de colaboración con entidades de crédito ni establecer requisitos adicionales para la concesión de las ayudas.