FAI ve "desproporcionada" la sentencia del Supremo sobre los costes de la hipoteca

Publicado 12/03/2018 18:25:30CET

MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) cree que la reciente sentencia del Tribunal Supremo que obliga al comprador de una vivienda a hacerse cargo del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, que puede llegar a suponer en algunos casos hasta un 30% del valor del inmueble, es "desproporcionada", frena el acceso de los jóvenes a la vivienda y contribuye a la subida del alquiler.

En un comunicado, la federación considera que estas trabajas al acceso de la vivienda, unidas al descenso de propiedades en venta, pueden generar como consecuencia que se mantenga la tendencia alcista en los precios del alquiler, que ya tienen precios "insostenibles" en ciudades como Madrid o Barcelona.

Además, ha afirmado que el nuevo marco fiscal también puede repercutir "negativamente" en miles de empresas de servicios adyacentes al sector inmobiliario.

La presidenta de FAI, Nora García, cree que "no es aceptable que se penalice de esta forma a los ciudadanos para autofinanciar a las Administraciones Públicas, gravando injustificadamente las transmisiones, en especial de viviendas, sobre todo cuando se trata de precios moderados y viviendas habituales sin componentes especulativos".

También ha alertado de que el inventario de viviendas de segunda mano está descendiendo muy rápidamente, los precios del alquiler se han disparado y la obra nueva "no es capaz de asumir la demanda creciente de vivienda".

"La solución para financiar a la Administración no puede seguir siendo la de incrementar la carga fiscal a los ciudadanos en la compraventa de algo tan esencial como la primera residencia", según ha apuntado García.

Por ello, ha reclamado una actuación "urgente" de la Administración para frenar una situación que se antoja "grave" a largo plazo. "La fiscalidad de los bienes inmuebles debería considerar los principios de proporcionalidad y progresividad, sobre todo en el caso de las viviendas habituales de los ciudadanos", según García.