El PSOE pide a Justicia que analice todas las inmatriculaciones de la Iglesia para ver si fueron legales

Rafael Catalá en el Congreso
EUROPA PRESS
Actualizado 11/12/2014 11:56:51 CET

PP, CiU y PNV rechazan el "cariz ideológico" de la enmienda de totalidad socialista contra una ley que acaba con un privilegio

MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PSOE quiere que el Ministerio de Justicia analice las más de 4.000 inmatriculaciones que, según sus cálculos, la Iglesia Católica ha realizado desde 1998 para registrar como propios diferentes bienes inmuebles sin necesidad de presentar ningún título de propiedad, cuyo ejemplo más representativo es el caso de la Mezquita de Córdoba; y que se vuelvan al dominio público los bienes cuya propiedad no pueda atribuirse a la Iglesia.

Así lo ha hecho saber este jueves el diputado socialista Víctor Morlán durante su defensa, ante el Pleno del Congreso, de la enmienda de totalidad presentada contra el proyecto de ley de reforma de la Ley Hipotecaria y de la Ley del Catastro, que termina con la posibilidad de que la Iglesia inmatricule bienes en las mismas condiciones que las administraciones públicas.

El PSOE critica particularmente que este cambio no entre en vigor hasta doce meses después de la aprobación de la ley, porque "supone decirle a la Iglesia que aproveche la oportunidad, que tiene un año de prórroga para inscribir lo que les venga en gana".

"ABUSO" DE LA JERARQUÍA CATÓLICA

"El PSOE nunca se negará a que la Iglesia, como cualquier ciudadano o institución, incorpore a su patrimonio bienes basados en un título judicial, una escritura notarial o una resolución administrativa. Pero no aceptamos, y ha habido un abuso de buena fe por parte de las jerarquías de la Iglesia, que el mero uso religioso de un inmueble sea suficiente título para inscribirlo en el Registro como propio", ha explicado Morlán.

En cuanto al resto del proyecto de ley, el diputado socialista ha valorado su intención de mejorar la coordinación entre el Catastro y el Registro, pero teme que se inicie un "camino privatizador" del Registro y que se le dé preponderancia en caso de discrepancia con el Catastro.

A BUENAS HORAS, MANGAS VERDES

De forma similar opina el portavoz adjunto de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Joan Coscubiela, quien considera que ésta es una ley de "punto final" para los "privilegios" de la Iglesia, dando "carta de naturaleza" a las inmatriculaciones que ya se han realizado.

"Yo veo esta ley como 'Vencido y derrotado el Estado de Derecho, las tropas de la Jerarquía Católica han ocupado todos los patrimonios, los suyos y los de todos'", ha ironizado el diputado catalán, lamentando que ni siquiera se haya "dejado la puerta abierta a posibles impugnaciones" ni se permita que haya "transparencia" para conocer al menos qué bienes se ha autoadjudicado la Iglesia en el último medio siglo, aplicándole la Ley de Transparencia en cuanto a que ha optado a esta posibilidad equiparándose a una administración pública.

Además, ha lamentado que se deje un año de margen para que "los obispos tengan tiempo de inscribir alguna maceta con flores que hayan podido olvidar en algún pueblo", y ha reprochado también al PSOE que no eliminara este precepto durante los ocho años de "vacaciones" de José Luis Rodríguez Zapatero, cuando se produjeron la mayoría de inmatriculaciones. "A buenas horas, mangas verdes", ha espetado a los socialistas.

Con respecto a los cambios en el Registro y el Catastro, Coscubiela cree que esconden "intereses de lobby" para dar nuevas funciones a los registradores y subsanar la pérdida de ingresos que han sufrido con la crisis inmobiliaria, perjudicando con ello al Catastro. No obstante, espera que se pueda llegar a acuerdos en la tramitación parlamentaria porque comparten la intención de reducir duplicidades y mejorar la coordinación entre Catastro y Registro.

Por Amaiur, Sabino Cuadra ha hecho hincapié en la crítica al artículo sobre que consagra las inmatriculaciones "masivas", realizadas de forma "fraudulenta" en muchos casos por obispos que se convirtieron "en juez y parte" y que convirtieron en propiedad de la Iglesia "muchos más de 4.000 inmuebles" construidos y mantenidos con presupuestos públicos y "esfuerzos vecinales", y que en muchos casos ni siquiera eran lugares de culto, sino calles, plazas o "incluso frontones".

MEJORAR LA COORDINACIÓN

Sin embargo, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha asegurado que este proyecto de ley es "altamente positivo, útil y eficaz" y está "pensado para dar un servicio público con mayor comodidad y menores costes para los ciudadanos", mejorando para ello la "coordinación" entre el Catastro y el Registro y subsanando discrepancias en la información que ambos organismos ofrecen, pero "manteniendo sus naturalezas y competencias diferenciadas".

Un objetivo "muy antiguo" que hasta ahora no se había logrado, ha recordado, afeando por ello a los socialistas que intenten frenar esta reforma bajo el argumento de que es "privatizadora, reglamentista y que ataca derechos de los ciudadanos".

"Discrepo absolutamente, porque no se provoca ningún trasvase de competencias. Lo que se hace es, respetando escrupulosamente las competencias y funciones de ambas instituciones, establecer cauces adecuados para su comunicación y coordinación, evitando duplicidades, produciendo un ahorro de tiempo y dinero a los ciudadanos y mejorando la calidad del servicio", ha insistido.

Asimismo, Catalá se ha mostrado dispuesto a negociar cambios con la oposición, pero en ningún momento ha hecho referencia a los cambios sobre las inmatriculaciones de la Iglesia, que tampoco ha mencionado el diputado 'popular' Pablo Matos, quien se ha limitado a pedir al PSOE que retire su enmienda de totalidad porque se basa únicamente en el rechazo al periodo de un año para la entrada en vigor de la norma pero que, en la práctica, conllevaría "prorrogar indefinidamente" el "privilegio" de la Iglesia al devolver al Gobierno el proyecto de ley.

El diputado canario también ha agradecido el "cambio de tono" de Morlán con respecto al texto de la enmienda, que era "absolutamente impresentable" y "disparatado", al argumentar que "un proyecto eminentemente técnico devaluaba la calidad de la Democracia, atacaba los derechos de los ciudadanos y permitía a los registradores (usar el Registro) en su interés propio".

"Sabemos que el PSOE pasa por un proceso de estar en contra de todo, de lo que propone el Gobierno actual y también de lo que llevó a cabo el Gobierno anterior. Hoy piden que se revisen las inmatriculaciones de la Iglesia, pero muchas fueron realizadas en la etapa de Zapatero. Es curiosísimo que estén en esa situación, como buscándose a sí mismos, como si no supieran si seguir a Pablo Iglesias el fundador del PSOE o al otro. Y un partido que, con mayor o menor fortuna, ha gobernado y aspira a hacerlo otra vez debería alejarse del radicalismo en el que están inmersos", ha recomendado al principal partido de la oposición.

Por parte de CiU, Jordi Jané comparte la finalidad del proyecto, ya que adaptar el Catastro y el Registro a la realidad física de los inmuebles aportará seguridad jurídica a los ciudadanos, y ha deseado que se pueda llegar a acuerdos en su tramitación. Además, ha recordado que devolver el proyecto al Gobierno conllevaría permitir que las inmatriculaciones especiales de la Iglesia continuaran "no durante un año, sino seguramente hasta la próxima legislatura".

Igualmente, Emilio Olabarria, del PNV, duda de que hiciera falta este proyecto de ley, porque su contenido podría haberse ventilado en un reglamento, pero valora el intento de mejorar la coordinación entre el Registro y el Catastro. Además, ha rechazado que se haga un "debate ideológico-religioso" en torno a la decisión de "acabar con los privilegios" en las inmatriculaciones de la Iglesia.* Finalmente, el portavoz adjunto de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán, valora la "oportunidad" que se abre con esta norma para "mejorar la Ley del Mercado Hipotecario en muchos aspectos", y ha rechazado también el "cariz ideológico" del debate.

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