El Congreso da luz verde a la Ley de Suelo para su entrada en vigor el 1 de julio

Actualizado 10/05/2007 20:17:39 CET

MADRID, 10 May. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Congreso ratificó hoy las enmiendas introducidas en el proyecto de Ley de Suelo a su paso por el Senado, de forma que el texto definitivo queda listo para su entrada en vigor el próximo 1 de julio, coincidiendo con la constitución de los ejecutivos de autonómicos y locales resultantes de las elecciones del 27 de mayo.

El PP, que mantuvo su oposición frontal al conjunto de la ley se abstuvo en la mayor parte de las enmiendas votadas, e incluso apoyó un paquete de enmiendas transaccionadas.

La ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, declaró a la salida del hemiciclo que la Ley de Suelo es una norma "para todos los ciudadanos, no sólo para los propietarios", y también "para los nuevos alcaldes".

Por otro lado, defendió la dimensión "social y ambiental" de la ley "aunque tenga una parte económica", frente a la ley vigente, que consideraba el suelo, según dijo, "únicamente como un bien patrimonial". Asimismo, destacó el amplio consenso parlamentario y social con el que se ha aprobado el texto.

RECHAZO "TOTAL Y FRONTAL" DEL PP

Por su parte, el Grupo Popular volvió a mostrar un rechazo "total y frontal" al conjunto de la Ley de Suelo, aunque votó a favor de algunas enmiendas introducidas en el Senado, como las relativas a los límites de alteración de los espacios naturales protegidos o incluidos en la Red Natura 2000 y a las competencias autonómicas en la gestión de los patrimonios públicos de suelo.

El portavoz del PP, Pablo Matos, sostuvo que la única finalidad de la norma será "abaratar las expropiaciones y aniquilar el concepto de justiprecio", y calificó el nuevo sistema de valoración del suelo de "injusto".

Asimismo, aseguró que la ley no acabará ni con la corrupción urbanística ni con la especulación al no contener medidas explícitas al respecto.

El ánimo de las bancadas 'populares' se encendió con la intervención del portavoz socialista, Álvaro Cuesta, que acusó al PP de haber suprimido "todo lo que estorbaba a la especulación" durante los anteriores gobiernos.

NO ES UNA VARITA MÁGICA

El resto de los Grupos Parlamentarios coincidieron en que la norma no podrá subsanar por sí sola los problemas existentes en el sector inmobiliario, pero defendieron su aplicación efectiva por parte de los ejecutivos autonómicos y locales que quedarán constituidos tras las elecciones del 27 de mayo.

El portavoz de IU-ICV, Joan Herrera, precisó que, aunque la Ley de Suelo supone una "reorientación" de la legislatura vigente al reivindicar el planeamiento frente a la liberalización, que ocasiona la "depredación" del suelo, "sólo es un paso adelante".

En este sentido, señaló que las medidas incluidas en materia anticorrupción son "insuficientes", por lo que, dijo, "hace falta más legislación".

Por su parte, el portavoz de BNG, Francisco Rodríguez, dejó claro que la nueva ley no va a ser una "barita mágica", aunque acabará con una regulación que "resultaba abusiva", en alusión a la vigente Ley de Régimen de Suelo de 1998.

El portavoz de PNV, José Ramón Beloki, explicó que el mercado de la vivienda tiene "sus propias dinámicas", como demuestra la desaceleración reciente de los precios. "Tenemos que saber que el mundo es más complejo que lo que está en la Ley de Suelo", indicó antes de dar un toque de atención a comunidades autónomas y ayuntamientos para que lleven a cabo un "cumplimiento efectivo" de la norma".

Asimismo, el portavoz de CiU, Jordi Jané, instó a los poderes públicos a "ponerse las pilas" en la aplicación de la ley, mientras que el de ERC, Josep Andreu, instó a su "cumplimiento inmediato".

PROBLEMAS COMPETENCIALES SOLUCIONADOS

Los grupos catalanes centraron gran parte de sus intervenciones en mostrar su "satisfacción" por haber solucionado durante el trámite parlamentario las discrepancias que mantenían con el texto original en materia competencial.

Jané realizó una "balance positivo" de la tramitación, por cuanto, entre otras cosas, reconoce las competencias de las comunidades autónomas en la gestión de los patrimonios públicos de suelo, que el portavoz de ERC calificó de "diáfanas".

En este punto encontraron el apoyo de IU-ICV, que entendió que "la tramitación de la ley en el Senado ha sido un paso adelante para un mayor respecto competencial".

PRINCIPALES NOVEDADES

Entre las principales novedades introducidas por la norma destaca el nuevo sistema de valoración de los suelos, que considerará la capitalización de sus rentas y excluirá de dicha valoración sus expectativas, si bien permitirá ampliarlo hasta un máximo del doble por factores objetivos como la accesibilidad a núcleos de población.

Otro de los ejes de la nueva ley será el fomento de la vivienda protegida, para lo que se contempla la obligación de establecer una reserva de suelo del 30% de los proyectos urbanísticos que se destinará a la construcción de VPO. Además, establece un porcentaje de cesión de suelo a los ayuntamientos de entre el 5% y el 15%.

En la lucha contra la especulación, establece la revisión de las actuaciones urbanizadoras cuando conlleven, por sí mismas o en unión a las aprobadas en los dos últimos años, un incremento superior al 20% de la población o de la superficie de suelo urbanizado del municipio o ámbito territorial.

Asimismo, contempla, entre otras medidas, la obligación de que las permutas de terrenos y los convenios urbanísticos pasen por los plenos del ayuntamientos, o de que en toda recalificación o aumento de la edificabilidad se haga constar la identidad de los propietarios durante las cinco anteriores.

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