Empresarios vascos cuestionan aspectos del Código Unificado por el riesgo a la extorsión de ETA

Actualizado 15/02/2006 17:11:53 CET

El Grupo Especial sobre el buen Gobierno cree que no es conveniente "llevar a la regla general una situación específica"

BILBAO, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

Empresarios vascos expresaron hoy sus recelos por algunos aspectos incluidos en el proyecto de Código Unificado de Recomendaciones sobre Buen Gobierno de la Sociedades Cotizadas, presentado hoy en la Bolsa de Bilbao, por el riesgo de ser sometidos a la extorsión de ETA. En concreto, aludieron a la recomendación de que la Junta General de Accionistas incluya, en su informe anual, el detalle de las retribuciones individuales de los consejeros.

Por su parte, tanto el presidente del Grupo Especial sobre el Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas y también presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Manuel Conthe, como otros cinco de sus integrantes, encargados de realizar la exposición de este proyecto que pretende ser aprobado antes del 31 de marzo, mostraron su comprensión ante este problema, aunque manifestaron que "no es conveniente llevar a la regla general una situación específica".

Conthe realizó su exposición sobre el documento en colaboración con los también integrantes del Grupo Enrique Piñel, Carmen Tejera, del ministerio de Justicia, Soledad Núñez (Ministerio de Economía), Ana Llopis (sector privado) y Paulino García (de la Administración).

Uno de los directivos congregados en el salón de actos de la institución bursátil se dirigió a los autores del proyecto de Código Unificado para recordarles las "especiales circustancias" que atraviesan la empresas en el País Vasco, aludiendo al "problema añadido" que supone la amenaza terrorista. Según precisó, la informacion referente a las retribuciones de las sociedades cotizadas ha obligado a muchos de esos empresarios a "ir protegidos". "Es -explicó- un problema muy serio".

Por esta causa, reclamó una "especial sensibilidad" ante un asunto que, en su opinión, tiene "mucho de morbo". De lo contrario, a su juicio, obligaría a las empresas a gastarse dinero "para salvaguardar su vida". Esta opinión fue respaldada por otro de los dirigentes de las compañías vascas congregados en el parqué bilbaíno, quien por esta causa, entre otras razones, tachó de "intervencionista" el proyecto.

Conthe reconoció que el caso de los empresarios amenazados en Euskadi puede constituir un motivo para "no dar publicidad a cosas que se recomiendan". Sin embargo, indicó que "no tiene sentido" efectuar una corrección generalizada en el texto por un problema de "potencial extorsión o chantaje" ya que, a su juicio, ha habido "no uno, sino muchísimos escándalos financieros en todo el mundo, por el exceso de retribuciones de los directivos de empresas".

Sus argumentos fueron compartidos por el también miembro de Grupo Enrique Piñel, quien dijo entender "perfectamente" la situación, pero agregó que las remendaciones de la Unión Europea son "tajantes" al respecto. Lo contrario sería entender que en España no puede sumarse a una práctica "que se ha impuesto". En su opinión, no es conveniente "llevar a la regla general" una situación "específica".

Ana María Llopis, miembro procedente del sector privado, aseguró a los directivos presentes que la defensa de este punto del Código Unificado no supone "una falta de sensibilidad al problema vasco" y recordó que el código tiene un carácter voluntario. "Hay excepciones, y las excepciones se explican: El mercado y los analistas entenderán cuando alguna empresa del País Vasco, por un problema importante como es el terrorismo, no especifica estos temas. El mercado lo entenderá", aseguró.

Durante la exposición del proyecto de Código Unificado, el Grupo Especial se mostró convencido de que, pese a su carácter voluntario, el documento será "cada vez más aceptado por el mercado financiero y cumplido por la mayor parte de las empresas".

Según Piñel, su objetivo es el de "unificar, armonizar, concretar y recoger las recomendaciones de la UE, aspecto éste último imprescidible", en su opinión, para que mercado en España no tenga un funcionamiento "de segunda división".

Soledad Núñez aclaró que el proyecto se basa en los informes Olivencia y Aldama sobre el buen gobierno de las sociedades cotizadas, "y no se aparta de ellos". "Se profundiza y se concretiza más", señaló, para agregar que "se puede seguir, pero también cabe la posibilidad de no hacerlo".

Tras la aprobación del proyecto de Código Unificado de Recomendaciones sobre Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas, el pasado 16 de enero, el Grupo inició la presentación del proyecto en las cuatro Bolsas españolas y abrió el procedimiento de consulta pública. Hasta el 28 de febrero recibirá las observaciones escritas y posteriormente celebrará reuniones con expertos e instituciones que hayan hecho alegaciones.

La previsión es que el Grupo apruebe la versión definitiva de sus observaciones antes del 31 de marzo y, posteriormente, las elevará al Gobierno para, más tarde, hacerlas públicas.

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