El Gobierno condiciona el seguro de paro de los autónomos al apoyo mayoritario del colectivo

 

El Gobierno condiciona el seguro de paro de los autónomos al apoyo mayoritario del colectivo

Actualizado 24/07/2006 21:30:12 CET

MADRID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno no está dispuesto a establecer un sistema específico de protección por cese de actividad para los autónomos si el colectivo, de forma mayoritaria, se opone a financiar dicho sistema con sus propias cotizaciones.

Así lo advirtieron esta tarde el secretario general de Empleo, Valeriano Gómez, y el director general de Economía Social, Trabajo Autónomo y Fondo Social Europeo, Juan José Barrera, antes de la reunión de la Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales, donde los responsables del Ministerio de Trabajo entregarán a las comunidades autónomas un informe sobre el anteproyecto del Estatuto del Trabajo Autónomo.

Dicho Estatuto recoge el compromiso del Ejecutivo de diseñar un sistema de protección por cese de actividad siempre que se garanticen los principios de contributividad, solidaridad y sostenibilidad financiera "y ello responsa a las necesidades y preferencias de los trabajadores autónomos".

Si se concreta el respaldo mayoritario de los autónomos a este seguro por cese de actividad, la intención del Gobierno es que la aportación de los autónomos sea obligatoria y su ámbito de cobertura, universal.

Estos dos principios cuentan con el apoyo de UPTA y ATA, dos de las organizaciones de autónomos con las que Trabajo ha negociado este Estatuto. Sin embargo, ha recibido el rechazo de la organización de autónomos de la CEOE (CEAT), la otra asociación con la que el Ministerio ha estado negociando el proyecto y que defiende un sistema de protección por desempleo voluntario y de carácter privado.

"UPTA y ATA piensan como nosotros, pero ésta no es la opinión generalizada. Hoy por hoy, existen distintas organizaciones de autónomos y si los autónomos no expresan una posición favorable al sistema que hemos planteado no haremos nada", subrayó Barrera. Por ello, el Gobierno esperará a que se apruebe el Estatuto del Autónomo para testar la opinión del colectivo a través de diversas encuestas e instrumentos como el CIS.

JUBILACIÓN ANTICIPADA EN ACTIVIDADES PENOSAS

El Estatuto del Autónomo, que el Gobierno aprobará en octubre o noviembre para su remisión a las Cortes, es un catálogo de derechos y deberes que, entre otras cosas, regulará las condiciones laborales y de protección social de un colectivo que abarca a casi tres millones de profesionales.

El anteproyecto contempla la obligación del colectivo de cotizar por la prestación de incapacidad temporal, al tiempo que reconoce la jubilación anticipada para aquellos autónomos que ejerzan actividades tóxicas, peligrosas o penosas.

El texto regula además la figura del autónomo económicamente dependiente y defiende la convergencia, con carácter progresivo, de las aportaciones de los autónomos con las establecidas para los trabajadores por cuenta ajena del Régimen General de la Seguridad Social.

Además, en el caso de la cobertura por contingencias profesionales (accidentes laborales y enfermedades profesionales), el Estatuto asigna al Gobierno la facultad de determinar qué actividades son las que presentan mayor riesgo de siniestralidad y por tanto, las que requieren obligación de cotizar por esta contingencia.

LAS COMUNIDADES DEL PP, RETICENTES

A la espera de conocer con más detalle el anteproyecto, algunos representantes de las comunidades gobernadas por el PP se mostraron hoy reticentes al proyecto sobre el Estatuto del Autónomo.

Es el caso del consejero de Economía, Hacienda y Empleo de la Generalitat Valenciana, Gerardo Camps, que reclamó la presentación de una memoria económica ante el alto coste que podría implicar el establecimiento de la jubilación anticipada y del seguro por cese de actividad.

En línea similar se expresó el viceconsejero de Empleo de Castilla y León, Mariano Gredilla, que consideró que el texto se ha quedado corto al no recoger muchas de las necesidades del colectivo.

En este sentido, denunció que el sistema por cese de actividad no está "suficientemente regulado" en el anteproyecto y que no se han realizado los necesarios estudios financieros para determinar su coste y su carácter, aunque, en su caso, se inclinó más por la voluntariedad del sistema que por establecerlo de manera obligatoria.

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