BARCELONA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Ayuntamiento de Barcelona ha presentado un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto 897/2017 que regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y medidas de protección a los consumidores domésticos de energía eléctrica por considerarlo contrario a la Constitución y a las directivas europeas que regulan el mercado eléctrico.
En una rueda de prensa este viernes, la teniente de alcalde de Derechos Sociales, Laia Ortiz, ha explicado que la normativa estatal también vulnera las competencias exclusivas en materia de servicios sociales de la Generalitat de Catalunya y del mismo Ayuntamiento de Barcelona: "Se ha hecho de espaldas a la soberanía de los catalanes, que tienen una ley propia, la Ley 24/2015, que protege los derechos de las personas vulnerables en materia energética".
Ortiz ha señalado que, según el decreto, los descuentos en las facturas a consumidores vulnerables sólo se podrían aplicar a aquellas personas que han sido previamente atendidas por los servicios sociales autonómicos o municipales: "Garantizar el acceso a un servicio básico como el suministro eléctrico no puede estar sujeto a la atención de los servicios sociales", ha asegurado la concejal.
En este sentido, ha recordado que el Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) ha calculado que el 43% de los 10.000 hogares que Barcelona ha atendido por cuestiones de pobreza energética quedarían desprotegidos en caso de aplicarse el decreto, y también ha cifrado en 1,67 millones de euros el coste mínimo anual para las administraciones para cubrir el coste de la factura de los hogares vulnerables sólo en la capital catalana.
Ortiz ha defendido que las personas vulnerables no deben ir de ventanilla en ventanilla "demostrando su vulnerabilidad y pobreza", y ha dicho que sería suficiente con conocer el nivel de renta en estos hogares, y ha insistido en que el bono social no responde a los interese de las clases populares y de las persona que están en riesgo de exclusión social.
EXPEDIENTES A ENDESA
También ha explicado que el consistorio ha notificado tres propuestas de resolución que incluyen sanciones a Endesa por valor de 70.000 euros cada una, y que, además, hay dos propuestas de resolución más que se notificarán en los próximos días, todas ellas motivadas por realizar cortes de suministro eléctrico sin pedir el informe de exclusión residencial preceptivo a Servicios Sociales.
Ortiz ha afirmado que todos los cortes se produjeron una vez aprobada la Ley 24/2015, y que, en todas las viviendas estaban ocupadas por personas vulnerables.
"Detectamos estos casos a través de los Puntos de Asesoramiento Energético (PAE)", y ha detallado que la sanción se ha fijado en base a lo que dispone el Código de Consumo catalán, aunque se aprecia como atenuante que la compañía restableció el servicio tras notificarse los casos.
