El Congreso acepta tramitar la ley para implantar un bono social del gas

Cartes con lemas de  Alianza contra la pobreza energética.
EUROPA PRESS
Publicado 19/09/2017 20:28:43CET

MADRID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Congreso ha aceptado tramitar la proposición de ley del PSOE para extender el bono social de la electricidad a los consumidores de gas natural u otros combustibles gaseosos por canalización, que sería financiado por las empresas comercializadoras y las administraciones autonómicas.

La iniciativa de los socialistas ha sido respaldada Unidos Podemos, Ciudadanos, Esquerra Republicana, PDeCAT, Compromís y Foro Asturias, mientras PP, PNV y UPN han optado por abstenerse. Ningún partido se ha posicionado en contra de su admisión a trámite.

La propuesta pasa por financiar este bono en los mismos términos que el bono social de la electricidad, recordando que varias administraciones autonómicas y ayuntamientos dedican partidas a costear el suministro energético.

Asimismo, la proposición de ley recoge el impedimento del corte del suministro del gas entre el 1 de noviembre y el 31 de marzo, y en ningún caso a aquellos servicios considerados 'esenciales', para personas consideradas como personas 'vulnerables severos'.

¿QUIÉN ES CONSUMIDOR VULNERABLE?

Deberá ser el Gobierno, en todo caso, el que determine qué es un consumidor vulnerable a través del desarrollo reglamentario posterior, aunque, según señalan desde el PSOE, su propuesta es que se considere como tal toda persona que tenga ingresos inferiores a 2,5 veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples).

El bono social recogido en la proposición de ley cubriría la diferencia entre la tarifa de último recurso y el valor base que establezca el Gobierno para los consumidores reconocidos como 'vulnerables', pudiendo ser distinta esta cobertura en función de la categoría de consumidor.

La iniciativa delega en el Ministerio de Energía el tope máximo que deberán aportar las comercializadoras, así como las tarifas de último recurso y valor base para los consumidores vulnerables, mientras que los porcentajes de financiación que deberá asumir cada suministradora serían calculados anualmente por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

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