Bruselas asignará mañana a España un objetivo obligatorio de renovables de acerca del 20% para 2020

 

Bruselas asignará mañana a España un objetivo obligatorio de renovables de acerca del 20% para 2020

Actualizado 22/01/2008 19:18:26 CET

Propondrá que la mayoría de los permisos de emisiones para industria se subasten y no se entreguen gratuitamente como hasta ahora

BRUSELAS, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea desvelará mañana la cuota de energías renovables sobre el total del consumo que deberá cumplir cada Estado miembro para el año 2020. Para España, el objetivo obligatorio se situará alrededor del 20%, más del doble de la producción actual, según avanzaron a Europa Press fuentes del sector.

Los jefes de Estado y de Gobierno acordaron en marzo de 2007 que la Unión Europea reducirá sus emisiones de efecto invernadero un 20% en 2020 respecto a los niveles de 1990 para combatir el cambio climático. También pactaron que el 20% del consumo de energía en 2020 deberá proceder de fuentes renovables y que se deberá utilizar un 10% de biocarburantes en el transporte.

Bruselas pondrá sobre la mesa la semana el día 23 un paquete de medidas sobre energía y cambio climático para llevar a la práctica estos acuerdos. El paquete está compuesto de tres elementos. En primer lugar, una revisión de la norma que regula el comercio de emisiones. También aprobará qué porcentaje de reducción de emisiones tiene que llevar a cabo cada Estado miembro de aquí a 2020 para cumplir el objetivo común del 20% y qué cuota obligatoria de renovables asigna a cada país.

El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, ha admitido que estas propuestas tendrán un coste de alrededor del 0,5% del PIB de la UE, pero ha destacado que permitirán reducir la dependencia de Europa respecto a las importaciones de gas y petróleo en alrededor de 50.000 millones de euros en 2020.

La unanimidad que presidió la cumbre de marzo se ha transformado en una dura polémica por la resistencia de los países a aceptar los objetivos propuestos por Bruselas. La Comisión ha tenido que retrasar la presentación de sus planes, que en principio estaba prevista para diciembre, y las presiones continúan, hasta el punto de que las propuestas pueden cambiar hasta el último minuto.

Francia es uno de los países más descontentos con la cuota de renovables que le pretende asignar Bruselas (del 23%, según la prensa) y el propio presidente, Nicolas Sarkozy, ha escrito una carta al presidente del Ejecutivo comunitario, José Manuel Durao Barroso, para decirle que no está dispuesto a aceptar un objetivo superior al 20%. Otros Estados miembros reticentes son Suecia (país para el que la Comisión pide un 55% de renovables) o Austria (35%).

En el caso de España, un objetivo del 20% para 2020 supondría aumentar en más de 11 puntos la cuota de renovables en 2005, que fue del 8,7%. España "está dispuesta a hacer un esfuerzo para que se pueda cumplir el objetivo comunitario pero siempre que sea justo y equitativo", explicaron a Europa Press fuentes españolas.

La principal preocupación para el Gobierno en materia de renovables es la intención del Ejecutivo comunitario de proponer que las empresas puedan comprar y vender certificados de renovables porque considera que ello podría poner en riesgo el sistema español de primas de acceso a la red y el propio cumplimiento de los objetivos. El ministro de Industria, Joan Clos, y el ministro alemán de Medio Ambiente, han enviado una carta al comisario de Energía, Andris Piebalgs, para comunicarle estas preocupaciones.

Las fuentes consultadas explicaron que las presiones de España y Alemania han surtido efecto y que finalmente la Comisión dejará en manos de los Estados miembros la última palabra de si autorizan a una empresa a vender certificados de energías limpias. De esta forma, los Gobiernos podrán garantizar el cumplimiento de los objetivos nacionales antes de permitir la venta de certificados.

Junto con el reparto de los objetivos para renovables, la Comisión presentará una propuesta para reformar la directiva de comercio de emisiones, cuya principal novedad es que a partir de 2013 la mayoría de los permisos de contaminación ya no se concederá gratuitamente a las industrias como hasta ahora sino que se subastará.

Ello ha provocado una oleada de protestas del sector industrial tanto a nivel europeo como en España. Las patronales alertan que los pagos por los derechos de emisión aumentarán el precio de la electricidad y dañarán la competitividad de las empresas comunitarias, ya que quedarán en una situación de desventaja respecto a otros países que no aplican criterios medioambientales tan estrictos.

Para España, resultaría necesario hacer una diferencia entre el sector eléctrico y el resto de sectores industriales. Para el sector eléctrico, el Gobierno considera apropiado que haya un nivel importante de subastas, mientras que para el resto de sectores ve "con mayor cautela" las propuestas de la Comisión de generalizar progresivamente este sistema. En todo caso, se valora positivamente que se establezca la posibilidad de que las instalaciones más pequeñas puedan quedar fuera de este sistema.

REPARTO SEGÚN EL PIB PER CÁPITA

El tercer elemento del paquete sobre energía y cambio climático es el reparto entre los Estados miembros de las reducciones de CO2 que deberán realizar los sectores que no están cubiertos por el sistema de comercio de emisiones, como el transporte, la vivienda, la agricultura y la ganadería o los residuos.

El reparto se hará en función del PIB per cápita de los Estados miembros, de manera que los países de la ampliación, que son en general más pobres que el resto, podrán aumentar sus emisiones en relación con 2005, que se toma como año de referencia, aunque deberán limitar este incremento para contribuir al esfuerzo global de la UE.

España siempre había pedido que la distribución de la carga se hiciera en función de las emisiones per cápita para tener en cuenta el criterio de la población. Las fuentes consultadas explicaron que el criterio del PIB per cápita utilizado por Bruselas da un resultado "muy similar", lo que a priori sería "positivo" para España.

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