La CE multa a Electrabel con 20 millones de euros por comprar la CNR sin autorización de Bruselas

Actualizado 10/06/2009 18:10:06 CET

BRUSELAS, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea impuso hoy una multa de 20 millones de euros a la compañía eléctrica belga Electrabel, que pertenece al grupo GDF Suez, por haber adquirido el control de la Compagnie Nationale du Rhône (CNR), segundo productor francés de electricidad, sin tener la autorización previa de Bruselas. Electrabel no notificó al Ejecutivo comunitario la compra de CNR hasta cuatro años después de materializarla.

La normativa comunitaria obliga a notificar a la Comisión las fusiones que tienen dimensión europea antes de llevarlas a cabo para que ésta examine si provocan problemas de competencia. El Ejecutivo comunitario considera que Electrabel tendría que haber sido consciente de su obligación de obtener la autorización de Bruselas antes de adquirir el control, y considera que la infracción ha tenido una duración importante.

"Poner en práctica una operación de concentración que todavía no ha recibido la autorización exigida en virtud del derecho europeo constituye una infracción grave del reglamento comunitario de concentraciones", dijo la comisaria de Competencia, Neelie Kroes, en un comunicado. La multa impuesta a Electrabel, resaltó, "envía una señal clara en el sentido de que la Comisión no tolerará ninguna infracción de esta regla fundamental".

La adquisición de CNR por Electrabel fue autorizada por el Ejecutivo comunitario el 29 de abril de 2008 tras la notificación de la empresa el 26 de marzo de ese año. Pero en una investigación posterior, la Comisión ha constatado que Electrabel ya había adquirido el control exclusivo de facto de CNR en diciembre de 2003, es decir, más de cuatro años antes de la notificación.

La legislación comunitaria permite a Bruselas imponer multas de hasta el 10% del volumen de negocios total de las empresas que cometen este tipo de infracción. Para fijar el importe de la sanción a Electrabel, la Comisión tuvo en cuenta la gravedad de la infracción, pero también que la operación no creaba problemas de competencia y que la empresa belga acabó informando voluntariamente al Ejecutivo comunitario de su adquisición de control.

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