MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -
El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha insistido este miércoles en el Congreso en que 2013 será el último año en que se producirá déficit de tarifa estructural (unos 4.500 millones de euros) y ha defendido el conjunto de medidas aprobadas por su departamento en el marco de la reforma eléctrica, afirmando que con ellas se hace frente al "problema más atravesado" de la economía española.
Durante una interpelación planteada por el portavoz económico del PNV en la Cámara Baja, Pedro Azpiazu, a cuenta del impacto que las reformas energéticas tendrán en la competitividad de las empresas industriales, Soria ha reconocido que éste es "un problema complejo, difícil y ante el cual no hay soluciones fáciles ni caminos cortos".
Sin embargo, la prioridad es liberar a las empresas del déficit acumulado durante años, que ya supera los 26.000 millones, porque la deuda a la que da lugar provoca cada año entre 2.500 y 2.600 millones de costes en conceptos de amortización, un gasto que "retroalimenta" el propio coste del sistema. "Así que si no acabamos con el déficit el coste será creciente. No es una obsesión, pero sí un objetivo absolutamente firme", ha dicho.
NO SE PUEDE CONTENTAR A TODOS
Además, ha asegurado que antes de presentar sus propuestas legislativas ha consultado con todos los actores implicados, pero ha recordado que sus intereses son tan contrapuestos que era imposible conseguir contentar a todos.
"Somos muy conscientes de que esta reforma no ha gustado a nadie, que las reformas en general que estamos haciendo no gustan, pero tampoco el Gobierno está en una situación como para hacer cosas que gusten más o menos o para que en términos políticos nos vaya mejor. Cuando un Gobierno está en situaciones muy complicadas hay que tomar decisiones pensando siempre en las próximas generaciones, no en las próximas elecciones", ha dicho.
En este punto, ha defendido la decisión incluida en el proyecto de ley del Sector Eléctrico --actualmente de camino al Senado-- de que cualquier medida adoptada por una administración territorial que conlleve un incremento del coste en el sistema deberá ser sufragado por esa administración. "Nos parece normal. El sistema, que somos todos, sufraga lo que es un menú común para todos. Pero si alguien desea obtener algo a la carta tiene que ser específicamente financiado con cargo a ese territorio", ha señalado.
