La plataforma calcula que el recibo eléctrico sería un 9% más barato si se aplicase a las eléctricas una regulación similar a las renovables
MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético (Px1NME) calcula que, de haberse liquidado correctamente las retribuciones de los Costes de Transición a la Competencia (CTC) y de haberse extendido este mecanismo hasta 2014, los consumidores españoles habrían ahorrado alrededor de 30.000 millones de euros en su recibo de la luz, una cifra equivalente al actual déficit de tarifa.
Así lo ha expresado en una rueda de prensa el experto en el sector eléctrico y miembro de la plataforma, Jorge Morales de Labra, que además ha explicado que en ese caso podría no existir dicho déficit de tarifa ni, por tanto, la "hipoteca" incluida en los recibos, que supone un 10% de los mismos.
Los cálculos de la plataforma se realizan en un escenario en el que el retorno para las inversiones de las eléctricas por las que se les compensó con los CTC se hubiese mantenido en el tiempo, sin que las centrales se hubiesen beneficiado de las sobrerretribuciones que comenzaron a emerger en 2005 con las subidas de los precios de la energía.
Estas sobrerretribuciones son los llamados 'windfall profits', por los que las centrales nucleares e hidráulicas disfrutan del precio marginalista del mercado, que es el de la última y más cara central en entrar en el mecanismo de formación de precios. A efectos prácticos, los cálculos de la Px1NME equivalen a haber mantenido el Marco Legal Estable existente hasta 1997.
Durante la rueda de prensa, Morales de Labra ha destacado que, si las compañías beneficiadas con estas retribuciones fueran sometidas ahora a una regulación similar a la aprobada para las energías renovables, se podría abaratar un 9% el recibo eléctrico actual mediante la reducción de los ingresos actuales de las plantas, sin necesidad de devolución de los CTC.
Este cálculo es el fruto de la hipotética aplicación a las centrales nucleares e hidráulicas de unos estándares retributivos que tuviesen en cuenta una tasa de retorno para los activos a lo largo de toda su vida útil, incluida la ya transcurrida. Como en las renovables, los retornos por encima del porcentaje fijado disfrutados en años pasados se descontarían de las retribuciones futuras.
Según publicó el diario 'El País' este fin de semana, la Fiscalía Anticorrupción ha citado en secreto a varios altos cargos del Ministerio de Industria de la etapa del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para recabar información sobre por qué no se exigió a las compañías eléctricas la devolución de cerca de 3.000 millones de euros correspondientes a los CTC ingresados de más entre 2005 y 2006.
En la misma línea, la coordinadora estatal de la Px1NME, Cote Romero, ha subrayado que las pesquisas de Anticorrupción, fruto de una denuncia de la plataforma, toma especial relevancia ante la situación de pobreza energética en la que se encuentran un millón de familias en España.
Así, ha asegurado que el importe supuestamente prescrito "sería suficiente para sufragar los gastos esenciales de electricidad de la totalidad de todas estas familias afectadas durante un plazo superior a 4 años".
HISTORIA DE LOS CTC
Estos CTC se crearon en 1997, con la Ley de Sector Eléctrico, con el objeto de que las inversiones realizadas hasta ese momento por las eléctricas tuviesen un retorno suficiente garantizado, sin riesgos asociados al proceso de liberalización del mercado.
En concreto, se les garantizó un precio de la electricidad de 36 euros por megavatio hora (MWh), de modo que se les compensaría hasta igualar esta cifra en los momentos en los que el mercado marcase un precio inferior, con un tope de 1,7 billones de pesetas (10.200 millones de euros), según la revisión de la Ley 9/2001. El mecanismo también descontaba a las eléctricas los ingresos obtenidos en cuanto el mercado superase los 36 euros por MWh.
Esta circunstancia comenzó a producirse en 2005, con las subidas de los precios de la energía, y continuó hasta 2006, momento en el que el Gobierno derogó los CTC. No obstante, el Ejecutivo no llegó en ningún momento a reclamar a las empresas el importe cobrado de más, que los informes de la Abogacía del Estado cifran en más de 3.000 millones, hasta que en 2010 prescribió la oportunidad de hacerlo
