MADRID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Comisión de Economía, Industria y Competitividad del Congreso debate este martes la proposición no de ley presentada por Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea que insta al Gobierno a que adopte todas las medidas necesarias para evitar que la absorción del banco Popular por parte del Banco Santander provoque despidos y cierre de oficinas en municipios y áreas urbanas con "insuficiencia de servicios bancarios".
En la iniciativa recuerdan al Ejecutivo que, a pesar de asegurar en su día que el rescate bancario no tendría coste alguno para el contribuyente, tanto el Santander como el Popular se han beneficiado de ayudas a través de créditos fiscales.
La proposición no de ley, firmada por la diputada de En Marea Yolanda Díaz, insta al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para que este proceso de "compra y absorción" no requiera "de ninguna aportación financiera de fondos públicos en forma de ayudas o reconocimiento de obligaciones de ningún tipo".
Además de evitar los despidos, la diputada gallega urge a evitar "el empeoramiento de las condiciones laborales de las plantillas", así como articular medidas para "esclarecer las posibles responsabilidades de cualquier tipo en que hayan podido incurrir los equipos directivos de la entidad".
PELIGRA LA ACCIÓN SOCIAL DEL BANCO PASTOR
Asimismo, también destaca la delicada posición que queda una de las filiales del Popular, el Banco Pastor, también absorbida en el proceso, que conservaba marca y estructura a pesar de estar integrada desde 2011. Díaz destaca que en Galicia esta entidad es la segunda por número de clientes, cuotas de depósitos, créditos y número de empleados.
En este sentido, advierte de que el fin de su marca, anunciado por el propio Santander, "puede suponer la extinción definitiva de un sistema financiero propio, el de Galicia, con una vinculación histórica con el desarrollo económico del territorio".
Por otro lado, Díaz también alerta de la pérdida de peso que han tenido, después de este tipo de fusiones y absorciones en los últimos años, las fundaciones sociales de las entidades financieras, centrándose en esta ocasión en la incógnita de qué sucederá con la Fundación Barrié, que ha dedicado sus 50 años de existencia, defiende, "a la mejora de las condiciones sociales y económicas con notables desarrollos en los ámbitos de la educación, la ciencia, la acción social, el patrimonio y la cultura".
Por ello, en su iniciativa insta al Gobierno a "articular las oportunas medidas para que la Fundación Barrié tenga una adecuada cobertura por parte de la Fundación Banco Santander para dar continuidad a su actividad en las mejores condiciones posibles".
