Aviso: Esta noticia tiene más de un año. Última actualización: 10/02/2010 15:06
El Banco de España exige a las entidades financieras que rebajen un 20% el valor de los activos inmobiliarios que tienen en sus carteras por "criterios de prudencia de provisión", según afirmó hoy el director general de la Caixa, Juan María Nin.
Nin señaló que si se exige un ajuste contable del 20% en dichos activos se debe a que el valor de los inmuebles ha de adaptarse a los precios actuales y que cada entidad debe decidir si realiza "un sacrificio" vendiendo sus inmuebles a "precios de hoy", lo que supone aplicar "rabiosas rebajas", o no venderlos.
En este sentido, señaló que "no hay respuestas de blanco o negro" al respecto, sino que cada entidad financiera tiene que medir sus operaciones.
Nin indicó que, cuando un inmueble pasa a formar parte de los activos de una entidad como consecuencia de un proceso de impago, se incorporan ya con una provisión del 10% menos de su valor de tasación, y que al pasar un año hay que volver a provisionar otro 10%.
El importante incremento en el activo de las entidades financieras procedente de la incorporación de inmuebles viene por el incremento de impagos y de la morosidad que han provocado que los bancos embarguen las propiedades de sus clientes.
El directivo indicó que en la segunda mitad de 2009 la tasa de morosidad tendió a estabilizarse en el conjunto de España, aunque creció pero a un ritmo mucho más bajo. Esta tasa, agregó, tendrá que llegar en 2010 a la estabilización definitiva.
FUSIÓN CAJAS.
Respecto a las operaciones de concentración, como el proyecto de fusión de Sa Nostra con las cajas de Caixanova, Caja Cantabria, Cajastur y Cajamurcia, Nin indicó que lo importante no es que se produzcan fusiones con entidades de otras comunidades, sino que el proceso de ejecución "se realice de manera adecuada".
Así, insistió en que es "indiferente" que se hagan fusiones dentro o fuera de una misma región, y que lo importante es que se haga "de manera rápida y positiva", porque de lo contrario se pueden perder ayudas estatales para la reestructuración.