Aplazado el juicio al ex presidente de Eurobank por la solicitud de un nuevo testigo

Actualizado 10/07/2006 14:55:51 CET

BARCELONA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Barcelona acordó hoy aplazar el juicio contra el ex presidente de Eurobank, Eduardo Pascual Arxé, y dos de sus colaboradores, a la espera de citar a declarar como testigo al que fue presidente del consejo de administración de la entidad, Rubén Manso.

El fiscal pide para Pascual y sus dos colaboradores --Delfina Fulladosa Cerezo y Alexandre García Calvo-- seis años de cárcel por un delito societario y otro de estafa contra su ex socio Carlos Bosch, con quien compartía negocios en la compañía BCG.

El fiscal sostiene que los responsables del banco se hicieron ilícitamente con el control de BCG, dedicada a la importación de pescado, y vaciaron la sociedad en beneficio propio, por lo que piden una indemnización de 6,7 millones para los dueños de BCG y fijan como responsable subsidiario a Eurobank.

Los abogados de la acusación contra Pascual solicitaron hoy, en el trámite de cuestiones previas, la comparecencia de Manso para aclarar la toma de control sobre BCG. Ante esta petición, que fue apoyada también por el fiscal, los abogados defensores arguyeron que Manso ya no era presidente del consejo de Eurobank en el momento en que la entidad entró en el capital de BCG y que su cese fue ratificado por los interventores del banco.

Sin embargo, ante la negativa del juez a rechazar el testigo, los abogados solicitaron el aplazamiento de la vista oral para poder preparar mejor la defensa y aportar nuevos documentos. El juez deberá fijar ahora una fecha para el juicio, el primero de los que debe afrontar Pascual por su polémica actuación al frente de Eurobank. Esta entidad se encuentra intervenida por el Banco de España desde julio de 2003.

ACUSACIÓN DEL FISCAL.

En su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, el fiscal, Miquel Á. Pérez de Gregorio, sostiene que Pascual, "obrando con el ánimo de enriquecerse económicamente", contactó con el fundador de BCG, empresa dedicada al comercio de pescado, para entrar a participar en dicha sociedad con la promesa de mejorar el negocio a pesar de que ésta se encontraba en situación de quiebra y debía dinero a Eurobank.

Para materializar la operación, Pascual solicitó que se pignorasen todas las acciones de BCG a favor del banco, además de constituir una serie de hipotecas y opciones de compra, "todo a modo de garantías puramente formales", según el fiscal, con el objetivo de conseguir una línea de crédito con Eurobank y lograr reflotar la sociedad. La operación contó con un informe favorable de la también acusada, Delfina Fulladosa Cerezo, que era la auditora del banco.

La operación fue aprobada por los socios de BCG --Bosch, su esposa, Maria Assumpció Falgueras, y Joan Pau Capellas--, que aprobaron la pignoración de las acciones, además de una hipoteca sobre la práctica totalidad de los bienes inmobiliarios de los socios. En esta operación, Bosch fue nombrado administrador de la sociedad, aunque de forma solidaria con la acusada Fulladosa.

"DE COMÚN ACUERDO Y PARA ENRIQUECERSE".

"Una vez los acusados entraron en BCG --relata el fiscal--, obrando de común acuerdo y con el ánimo de enriquecerse económicamente, empezaron a realizar diversas acciones encaminadas a perjudicar a la citada empresa, en beneficio del banco y de sus filiales". Así, al cabo de un mes, se cesó de su cargo a Bosch, poniendo en su sitio al también acusado Alexandre García Calvo, persona de confianza de Pascual y de Fulladosa.

El fiscal explica que los acusados "actuando conjuntamente" dejaron totalmente inoperante a la sociedad BCG, mediante el traspaso de clientes y la cesión de créditos a Santayana Desosa, filial del banco dedicada a negocios inmobiliarios, que se encontraba hasta entonces inoperante y que pasó a dedicarse a la comercialización de pescado. Según el fiscal, Santayana, de la cual había sido administradora Fulladosa, creció en su actividad mientras que BCG quedaba inoperante para el tráfico comercial.

El fiscal estima que estos hechos constituyen un delito societario y un delito de estafa para los cuales pide tres años y tres años de cárcel, respectivamente, para cada uno de los tres acusados, además de una indemnización de 6,7 millones de euros por daños y perjuicios, de la que deben responder de forma conjunta y solidaria, estableciendo como responsable civil subsidiario a Eurobank.

Este es el primer juicio de los que afronta el ex presidente del banco, que deberá responder también a diversas querellas de accionistas y clientes. A finales de 2005, un juzgado de Barcelona fijó una fianza de nueve millones de euros para cubrir una eventual responsabilidad en el 'caso BCG'.

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