MADRID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -
Facua-Consumidores en Acción apoya la proposición no de ley presentada por el Grupo parlamentario Izquierda Plural, formado por IU, ICV-EUiA y CHA, con el objetivo de aumentar el control de la venta de participaciones preferentes, según informa la asociación en un comunicado.
La asociación comparte "la necesidad de frenar los abusos que está cometiendo la banca al engañar a los consumidores con productos financieros tóxicos y especulativos".
Facua recuerda que las participaciones preferentes son productos complejos y de elevado riesgo que han sido ofertados de forma generalizada a usuarios con conocimientos sobre inversión mínimos o nulos.
Esta iniciativa propone que el Gobierno y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) coordin en una "revisión exhaustiva de todos los test de conveniencia" para que los contratos suscritos queden "sin efectos legales" en caso de que los usuarios no reuniesen el perfil adecuado.
Asimismo, insta al Ejecutivo a garantizar que la CNMV realice "correctamente sus funciones" y a "desarrollar todas aquellas medidas necesarias para que las entidades dejen de ignorar sistemáticamente las Normas de Conducta" previstas en la Ley del Mercado de Valores.
En este sentido Facua reclama al presidente de la CNMV, Julio Segura, que no se limite a defender los intereses de la banca y haga su trabajo protegiendo a los pequeños inversores. Asimismo, la asociación solicita la intervención de la ministra de Sanidad y Asuntos Sociales, Ana Mato, competente en materia de protección de los consumidores.
Facua también comparte la necesidad de que el Gobierno "coordine con el Banco de España todas las acciones necesarias para que se garantice la devolución del capital inicial" de los afectados y que "lleve a cabo las sanciones correspondientes a las entidades financieras que vulneraron la ley".
Facua recomienda a los afectados que reclamen la nulidad del contrato ante el servicio de atención al cliente de la entidad que vendió las participaciones preferentes, sobre la base de la falta de información.
En caso de no obtener respuesta en el plazo de dos meses o que ésta no fuera satisfactoria, deberán dirigirse a la CNMV. Para ello, deben adjuntar cuantos contratos y documentos consideren relevantes para acreditar los aspectos planteados.