MADRID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -
El presidente del Bundesbank, Jens Weidmann, ha recalcado este viernes que la decisión del abogado general del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) sobre el plan de compras ilimitadas de deuda pública (OMT, por sus siglas en inglés) del Banco Central Europeo considera "indiscutible" que la política del organismo europeo tiene sus límites.
En un discurso, Weidmann incidió en que este dictamen deja claro que además de tener prohibido la financiación directa de países, el banco central tampoco puede participar en la política económica, pese a la delgada línea que la separa de la política monetaria en ocasiones.
El presidente del Bundesbank remarcó que la independencia es un "privilegio" de la política monetaria, pero requiere un mandato claramente delimitado de la actividad del banco central. Por ello, para mantener esta independencia tiene prohibido conceder préstamos a los gobiernos o comprar deuda pública directamente a los países.
En este sentido, agregó que el objetivo de las decisiones de Maastricht fue garantizar que la política monetaria convencional pudiera cumplir libremente su mandato de garantizar la estabilidad de precios en la zona euro y evitar las interferencias políticas.
El abogado general del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), Pedro Cruz Villalón, ha dictaminado este miércoles que el plan de compras ilimitadas de deuda pública que anunció el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, en verano de 2012 -y al que se atribuye haber puesto fin a la crisis que amenazaba la existencia del euro- es "en principio" compatible con los Tratados de la UE.
No obstante, Cruz Villalón ha precisado que, cuando se ponga en marcha, este plan deberá cumplir una serie de condiciones para respetar la legislación comunitaria. En concreto, el BCE tiene que motivar adecuadamente por qué activa la compra de deuda y aplicar el plan de forma proporcional y con cautela para evitar conductas especulativas en el mercado.
El dictamen del abogado general responde a una cuestión planteada por el Tribunal Constitucional de Alemania. Los jueces alemanes pusieron en duda la legalidad de este programa, pero decidieron por primera vez en la historia elevar el caso al Tribunal de Justicia de la UE. La opinión del abogado general no es vinculante, aunque los jueces de Luxemburgo siguen sus recomendaciones en el 80% de los casos. La sentencia final se conocerá en los próximos meses.
