Economía.- La junta general de Banco de Valencia aprueba las cuentas de 2012, gestión del FROB y los nuevos consejeros

 

Economía.- La junta general de Banco de Valencia aprueba las cuentas de 2012, gestión del FROB y los nuevos consejeros

Mesa de la Junta de accionistas de Banco de Valencia
EUROPA PRESS
Actualizado 14/03/2013 19:09:39 CET

Iturriaga rechaza someter a votación una acción social de responsabilidad contra él amparándose en la ley de reestructuración

VALENCIA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La junta general de accionistas de Banco de Valencia, entidad nacionalizada y adjudicada a CaixaBank por un euro, ha aprobado este jueves las cuentas y la gestión del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) al frente de la entidad durante 2012, así como el nombramiento de los nuevos miembros del consejo de administración y su retribución en concepto de dietas.

Así lo ha indicado el administrador provisional, José Antonio Iturriaga, nombrado por el FROB --que ostenta el 98,9% de las acciones la entidad--, en la junta celebrada en el Palacio de Congresos de Valencia, que ha contado con un quórum de 4.455 accionistas, en representación de 455.547 millones de títulos del banco, el 99,05 por ciento del total. De ellos, 349 accionistas han acudido personalmente y el resto, 4.106, han estado representados.

La junta ha declarado aprobados todos los puntos del orden del día, entre los que se encuentra el visto bueno a las cuentas anuales e informes de gestión individuales y consolidadas correspondientes a 2012 y la propuesta de aplicación de unas pérdidas de 2.262,59 millones de euros a la cuenta de resultados negativos de ejercicios anteriores.

Asimismo, se ha aprobado la gestión social desarrollada por el FROB como administrador provisional durante 2012 y el nombramiento como consejeros de los directores generales de CaixaBank Juan Antonio Alcaraz y Marcelino Armenter; el director general adjunto de Recursos Humanos de CaixaBank, Xavier Coll; el director corporativo de CaixaBank, Javier García-Lluís; el director ejecutivo territorial de CaixaBank en la Comunitat, Bibiano Martínez, y el presidente de CaixaRenting y de Finconsum, Antonio Vila, todos ellos con carácter dominical.

Como independientes, figuran los presidentes de Troy Consultores, Lluís Badía, de Foment del Treball, Joaquim Gay de Montellà, y de Feria Valencia Alberto Catalá, respectivamente.

Los accionistas también han ratificado los importes a percibir por estos consejeros, fijados en 3.000 euros por sesión del consejo de administración, 2.000 euros por comisión ejecutiva o comité de auditoría y cumplimiento y 1.500 euros por cada reunión de la comisión de nombramientos y retribuciones.

También se ha dado luz verde a la autorización para que Banco de Valencia pueda adquirir acciones propias, así como la autorización y delegación de facultades para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la junta.

Como último punto del orden del día, se ha aprobado el informe anual sobre las remuneraciones del órgano de administración correspondiente a 2012, que precisa que, de los cuatro administradores provisionales designados, José Antonio Iturriaga, Margarita Reyes y Fernando Viladomat "no perciben cantidad alguna" por esta tarea, mientras que el presidente de Cámara Valencia, José Vicente Morata, cobró 64.000 euros en 2012 "por indicación del FROB".

RECHAZADA UNA ACCIÓN SOCIAL CONTRA ITURRIAGA

Por otra parte, no se ha accedido a incluir en el orden del día y someter a votación una posible acción social de responsabilidad contra el propio Iturriaga, ya que, según ha expuesto éste en la réplica al accionista que lo había solicitado, la ley 9/2012 de reestructuración y resolución de entidades de crédito señala en su artículo 71 que no se podrá ejercer esa acción respecto a las actuaciones realizadas por el FROB en el marco del proceso de reestructuración.

Por ello, la petición no ha sido incluida en el orden del día y no se ha sometido a votación, algo que ha despertado las críticas del accionista que ha planteado la propuesta, quien ha señalado que se trata de una decisión "ilegal" porque la ley 9/2012 "es de rango inferior" a la ley de sociedades de capital.

ACCIÓN SOCIAL CONTRA ANTERIORES CONSEJEROS

En la sesión, que se ha prolongado en torno a cuatro horas, también se ha abordado la acción social de responsabilidad aprobada en la junta general del pasado mes de mayo contra el expresidente José Luis Olivas y Bancaja --a la que representaba en el consejo--, el ex consejero delegado Domingo Parra y Bancaja Seguros, Antonio Tirado y Valenciana de Inversiones Mobiliarias, y contra Aurelio Izquierdo, como ex consejero delegado y expresidente.

Al respecto, Iturriaga ha indicado que decidieron "aplazarla" a raíz de la impugnación de ese acuerdo por parte de Olivas, Bancaja, Tirado e Izquierdo ante el juzgado de lo mercantil número de 2 de Valencia, salvo Olivas que acudió al número 1, al considerar que "desde el punto de vista meramente procesal, esa acción habría quedado suspendida hasta la resolución de esa impugnación".

Según ha explicado, la administración "ha contestado a todas y cada una de estas demandas" y ha solicitado que se acumulen "en un único procedimiento, dado su idéntico objetivo", básicamente que se anule ese acuerdo al alegar que no estaba incluido en el orden del día, fue aprobado sin la mayoría legal suficiente, era improcedente contra las personas físicas.

"Se consideró preferible esperar al resultado", ha subrayado Iturriaga, quien mantiene que "no por ello se ha dejado de revisar en profundidad la labor realizada por anteriores gestores "y que, de hecho, ese análisis se ha "traducido en la interposición de procedimientos penales" para la exigencia de responsabilidades.

Asimismo, Iturriaga ha precisado que de los nombres que han trascendido "algunos puede que sí --que terminen estando imputados-- y otros no", mientras que personas que no han aparecido hasta ahora puede que "acaben imputadas", ya que las denuncias aluden a los "intervinientes en las operaciones", pero es la autoridad judicial quien debe "determinar el grado de imputación, implicación y penalidad" derivados de éstas.

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