MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Partido Popular y el Partido Socialista se han emplazado este miércoles mutuamente a esperar a que el Tribunal Supremo (TS) dicte el auto aclaratorio sobre sus sentencia del pasado mayo en la que declara legales las cláusulas abusivas pero reconoce que se pueden cancelar si no ha habido suficiente transparencia en la información a los clientes hipotecarios.
Tras una mañana de comparecencias en la subcomisión de transparencia en la información de los productos financieros e hipotecarios de las entidades de crédito del Congreso, que se celebra a puerta cerrada, portavoces de ambas formaciones han coincidido en que lo que toca ahora es esperar a dicho auto.
La portavoz adjunta de los 'populares', Matilde Asián, ha subrayado en declaraciones a los medios al terminar la sesión que el fallo del Alto Tribunal "ratifica la validez, la legalidad, de las cláusulas suelo siempre que se hayan cumplido los requisitos de transparencia exhaustivos que contempla la legislación", por lo que ahora es necesario aclarar qué conlleva este fallo judicial.
"Intentamos determinar, para evitar problemas a futuro, cuáles son los requisitos de transparencia en la cadena de comercialización de la hipoteca para determinar que se han cumplido. Tienen que ser cláusulas comprensibles, pero también perfectamente identificables en el contrato. Y (hay que ver) que todos los actores, desde el personal del banco al notario, notifican fehacientemente que el titular del contrato conoce a qué se compromete", ha señalado.
SENTENCIA COMPLEJA
Dada la "complejidad" de la sentencia, Asián cree que "la postura más sensata es esperar al auto y luego tomar posición", sobre todo porque las tres entidades bancarias que fueron denunciadas por este tema --BBVA, NGC Banco y Cajas Rurales Unidas-- aseguran que se informa de forma adecuada a los clientes. También el abogado experto de la OCU que ha pasado por la subcomisión, Antonino Joya, ha expresado su "preocupación" por cómo se aclaren estas condiciones.
Preguntada por las propuestas que puedan haber avanzado los comparecientes de las entidades bancarias sobre posibles fórmulas para aplicar la sentencia, Asián se ha remitido de nuevo a que hay que esperar al auto aclaratorio, y ha afirmado que todas las ideas se "analizarán" posteriormente para "ver si son compatibles con la legalidad que establezca el TS".
QUE SE ANULEN
Por su parte, el portavoz socialista en la subcomisión, Antonio Hurtado, ha señalado a los medios que "se han creado grandes expectativas entre muchas personas que cuentan con cláusulas suelo en sus hipotecas" por lo que desea que el fallo judicial "sirva para eliminar esa traba de las cláusulas suelo, que tienen presos a muchos clientes que no se están viendo beneficiados por la caída hasta mínimos históricos de los tipos de interés".
Sin embargo, también él cree que es necesario esperar al recurso aclaratorio que han solicitado las tres entidades financieras afectadas al TS para ver "cómo aplicar la sentencia". Un asunto que "urge", por lo que el diputado cordobés espera que pronto se conozca el pronunciamiento del Alto Tribunal y que su decisión sea "muy explícita" y "se haga lo más extensiva posible".
Y es que los socialistas abogan por que tanto las tres entidades afectadas como todas las que están intervenidas o han recibido fondos públicos eliminen de sus contratos hipotecarios las cláusulas suelo. Además, han propuesto con una iniciativa parlamentaria que el resto de entidades del sistema financiero español den la posibilidad a sus clientes de elegir si quieren mantener las cláusulas suelo o no.
"Y si se niegan a dar esa posibilidad, que el Banco de España de oficio vea individualmente, contrato a contrato, si esas cláusulas han sido abusivas conforme a los criterios dictados por el TS", ha añadido Hurtado, que considera que las entidades de crédito son "un poco reacias" a aplicar el fallo por el "efecto patrimonial sobre sus cuentas de resultados" que tendría devolver las cantidades cobradas de más.
COINCIDENCIA CON LA OCU
No en balde, el abogado de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) Antonino Joya ha cifrado en entre 6.000 y 8.000 euros por contrato hipotecario las cantidades que se habrían embolsado bancos y cajas a resultas de la aplicación de estas cláusulas suelo. Por eso, también él ha pedido que se anulen en todas las entidades con ayudas públicas y que se devuelva ese dinero, proponiendo por ejemplo quitas en las cuotas futuras equivalentes a las cantidades cobradas "ilícitamente".
Los otros tres comparecientes --el responsable de los servicios jurídicos de BBVA, Eduardo Arbizu; el director de la Asesoría Jurídica de NGC Banco, José Eduardo Álvarez-Naveiro; y el director general corporativo de Cajas Rurales Unidas, Bernabé Sánchez-- han declinado hacer declaraciones a los medios.
No obstante, fuentes parlamentarias han indicado a Europa Press que el directivo del 'banco azul' ha defendido que las cláusulas suelo en España son "extraordinariamente moderadas" y que "difícilmente" se pueden calificar como "abusivas" ante el contexto económico que atraviesa la economía. Además, ha abogado por que la regulación sectorial sobre transparencia tenga "vocación de estabilidad, propiciando un marco de seguridad jurídica que garantice la plena validez de los actos de contratación cuando se cumpla".
ÚLTIMAS SESIONES
La subcomisión de Transparencia, que depende de la Comisión parlamentaria de Economía, fue constituida al inicio de la legislatura y sus trabajos tocan a su fin. De hecho, la de hoy ha sido la penúltima sesión con comparecencias, por lo que es previsible que el informe de conclusiones sea aprobado a la vuelta de las vacaciones de verano.
No obstante, el próximo 11 de junio aún deberán dar cuenta ante este órgano parlamentario el subsecretario de Economía, Miguel Temboury, y la secretaria general de Consumo, Pilar Farjas, también sobre las consecuencias derivadas del fallo del TS sobre las cláusulas suelo.
