Economía.- PP rechaza tramitar en el Congreso la propuesta del PSOE sobre preferentes porque choca con una directiva UE

 

Economía.- PP rechaza tramitar en el Congreso la propuesta del PSOE sobre preferentes porque choca con una directiva UE

Antonio Hurtado en la sede del PSOE
EUROPA PRESS/PSOE
Actualizado 30/10/2012 17:33:07 CET

MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP ha rechazado este martes en el Pleno del Congreso tramitar la proposición de ley del PSOE sobre participaciones preferentes --que sí ha cosechado el apoyo de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), UPyD, CiU, PNV, ERC, BNG y Compromís--, alegando que contraviene legislación comunitaria.

Eloy Suárez, del PP, ha explicado que la directiva de Instrumentos Financieros "propone compartir cargas", lo que choca con la propuesta socialista de excluir a los inversores minoristas de esta exigencia. "Si no, tengo que pensar que están proponiendo que incumplamos la ley", ha apostillado, reconociendo que les ""gustaría que la directiva dijera otra cosa".

"Pero este país tiene un problema con el sistema financiero, y no es precisamente culpa del PP", ha abundado, acusando al PSOE de "demagogia" al intentar "torcer la realidad y hacer creer a los españoles lo que no es", al ocultar que "fue un Gobierno socialista el que consintió" la comercialización de preferentes entre inversores minoristas, "el corralito y la estafa".

Además, ha reconocido que éste es un "gravísimo problema" ante el que "el Gobierno ha sido sensible", como demuestran las soluciones puestas sobre la mesa con la reforma financiera o los procedimientos de arbitraje en regiones como Galicia.

DEFENSA ENÉRGICA DE LOS AFECTADOS

El diputado Antonio Hurtado ha defendido enérgicamente la proposición, que reclama prohibir por ley la comercialización de preferentes entre minoristas y que a los ya afectados se les devuelva el valor nominal total de lo invertido en los casos de ciudadanos "estafados" por no haber recibido una información suficiente.

Además, el PSOE propone que los inversores, "con carácter voluntario", puedan elegir suscribir nuevas acciones, obligaciones subordinadas convertibles en acciones o imposiciones a plazo fijo no superior a tres años".

"Nadie duda de que se ha producido un fraude, que ha habido una comercialización engañosa, que muchas personas han sido engañadas vilmente y que se les ha causado un grave perjuicio. Todos somos conscientes de eso, y de que la CNMV no ha actuado con la suficiente contundencia. El Congreso tiene la responsabilidad de resolver el problema de las preferentes, uno de los dos grandes problemas (junto con los desahucios) que afectan a los ciudadanos", ha dicho el diputado.

ES UNA OBLIGACIÓN DEL CONGRESO

Así, ha insistido en que las Cortes tienen la "obligación" de resarcir a estos afectados personas, "pedir responsabilidades y aplicar la ley" sobre quienes han perpetrado este "fraude", incluyendo sanciones penales. "No podemos meter la cabeza debajo del ala, como estamos haciendo. Hay que evitar que esto se vuelva a repetir tomando medidas", ha añadido.

También ha rechazado el Memorándum de Entendimiento (MoU) del rescate bancario, que da al Gobierno una excusa para "tapar el problema imponiendo unas pérdidas de hasta el 80% a las personas engañadas". "No podemos admitirlo, es sanear la banca a costa de los bolsillos de los pequeños ahorradores", ha añadido Hurtado, acusando a los 'populares' de ser "fuertes con los débiles y débiles con los fuertes" y de "tratar de ocultar su impotencia para resolver el problema aduciendo a que lo han generado otros".

En este sentido, ha exigido al PP que "asuma su responsabilidad, no se escondan ni echen la culpa a otro sitio" y que, mejor que arreglar el problema como proponen en la reforma financiera de agosto, "no hagan nada". Finalmente, ha subrayado la importancia de resolver bien este asunto para que los españoles recuperen la confianza en el sistema financiero. "Eso significa soluciones justas para los desahucios y las preferentes", ha concluido.

ESTE FRAUDE TIENE RESPONSABLES

El diputado de IU-ICV-CHA Joan Coscubiela ha criticado la "inutilidad política del Congreso" en este asunto, "sólo superada por la incapacidad para dar solución al drama humano de los desahucios". "No debe de ser casualidad que detrás esté el sistema financiero", ha añadido, defendiendo que si este problema se debe a la "pasividad" de los poderes públicos no se puede remitir a los afectados a soluciones privadas.

"La situación a la que asistimos es fruto de muchas responsabilidades muy compartidas", ha dicho, pidiendo a los socialistas que "no lloren como oposición lo que no supieron defender como Gobierno". En cualquier caso, ha aplaudido que esta propuesta "brinde la posibilidad de volver a intentar encontrar una solución compartida" a este asunto y ha llamado a la responsabilidad del PP para "aprovecharla".

Álvaro Anchuelo, de UPyD, ha coincidido en que "el problema financiero se trata muy a menudo como una catástrofe natural de la que nadie tiene la culpa", apuntando que "no han sido los dioses ni la mala suerte" quienes provocaron la crisis de las preferentes, que tiene "unas responsabilidades muy claras" con protagonistas como el Gobierno, el Banco de España, la CNMV o las "politizadas" cajas de ahorros, que "tuvieron un primer rescate a costa de los clientes" a los que colocaron estos productos.

"Pero al final nadie ha acabado siendo responsable, como sucede a menudo en nuestro país", ha lamentado, rechazando que hasta la fecha se haya dado una respuesta satisfactoria al problema, ni de forma individual por las entidades (con canjes voluntarios) ni desde el Gobierno, que con la reforma financiera de agosto ha "agravado" la situación de estos afectados obligándoles a asumir "unas pérdidas monstruosas".

SOLUCIONAR LA SITUACIÓN

Josep Sánchez Llibre, de CiU, ha recordado que el PSOE también ha tenido responsabilidad en esta situación, pero ha reconocido que "lo más importante" ahora es solucionar el trance por el que atraviesan muchas familias, criticando que la trasposición del MoU no deje margen para dar una solución en las entidades con ayudas públicas y criticando explícitamente al comisario Joaquín Almunia, que ha puesto "muchísimas trabas" para que parte del rescate al sector no vaya a ayudar a estas personas "estafadas", generando un agravio comparativo con las víctimas que contrataron con entidades que no han sido intervenidas.

El portavoz económico del PNV, Pedro Azpiazu, ha destacado que la "percepción abrumadora" es que las preferentes se colocaron a personas que "no sabían qué adquirían", por lo que es "tremendamente injusto igualar el trato" a estas personas con el que reciben los inversores profesionales a la hora de compensar pérdidas, y ha abogado por encontrar un "acuerdo" político para solucionar el problema.

Teresa Jordá, de ERC, ha señalado que ésta "puede ser una de las mayores estafas de la Democracia", y ha responsabilizado a la CNMV, el Banco de España y "tampoco ningún juez con un dedo de vergüenza" de no haber sido capaces de poner freno a esta situación. "Esto sí que es un gran aval para confiar en España y su poder financiero", ha ironizado, criticando que ni un euro del rescate a las entidades vaya a los defraudados. "Tienen posibilidad aún de dar solución a todas estas familias. Por favor, háganlo", ha concluido.

El diputado de Compromís-Equo, Joan Baldoví, ha dicho al PP que "hace trampas" y "sólo apela a sus principios neoliberales" cuando no se trata de rescatar a los bancos, y ha exigido que se "compense" a los ciudadanos que han sido "timados" y que no se deje "impunes" a las entidades que han perpetrado este engaño. Finalmente, ha dado la bienvenida a los socialistas en este empeño, aunque "a buenas horas, mangas verdes".

La portavoz parlamentaria del BNG, Olaia Fernández Davila, ha acusado al Gobierno de "dejar prácticamente sin derechos" a los tenedores de preferentes con su reforma tributaria de agosto, que "no sólo no aporta soluciones sino que empeora" la situación de estos afectados. De hecho, ha indicado que una plataforma de afectados en Galicia ha pedido a los diputados que impugnen ante el Tribunal Constitucional (TC) esa normativa.

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