La Junta de CyL afirma que el control financiero corresponde al Estado

 

La Junta de CyL afirma que el control financiero corresponde al Estado

Actualizado 10/05/2006 20:30:18 CET

VALLADOLID, 10 May. (EUROPA PRESS) -

La Junta, que participará mañana en la reunión convocada por el Ministerio de Sanidad y Consumo para tratar la situación creada por la presunta estafa cometida por Fórum Filatélico y Afinsa, aseguró hoy que no ha recibido información oficial por parte del Estado sobre los registros y actuaciones llevadas a cabo y que el control financiero y tributario corresponde al Gobierno central.

Asimismo, el Gobierno regional entiende que si se confirman los hechos investigados por la Audiencia Nacional, éstos tendrían la calificación de delito, por lo que no habría otra vía que la penal, quedando inmediatamente eliminada la opción administrativa

Para la Junta, la existencia de una presunta estafa provoca que el ámbito competencial se circunscriba a la Administración del Estado, sin perjuicio de que la Junta haya ha potenciado los cauces y mecanismos oportunos para asesorar a las personas afectadas sobre sus derechos

Las competencias administrativas propias de la Comunidad autónoma estarían más relacionadas con la información al cliente y con los contenidos de los contratos, según la Junta.

Asimismo, desde la Junta se asegura que que si se confirman las características de los hechos investigados por la Audiencia Nacional, sería una figura delictiva tipificada por el Código Penal, susceptible de acciones correspondientes a la Administración de Justicia y no por la vía administrativa.

Es más, las actuaciones administrativas de competencia autonómica estarían, en todo caso, relacionadas con la información que se facilita al cliente y con los contenidos de los contratos, pero en ningún caso con la instrucción de presuntos delitos penales.

En lo referido a las competencias de Consumo, el Instituto Nacional de Consumo, como órgano competente en la coordinación de las distintas campañas nacionales de control de mercado, nunca ha propuesto a las comunidades autónomas campañas de control referidas a este tipo de empresas.

Por otra parte, tampoco se ha tenido constancia de demandas, quejas o reclamaciones presentadas anteriormente en Castilla y León.

En lo referido al control de las auditorias de estas empresas, alguna asociación de consumidores ha reclamado la remisión de dichas auditorias al Ministerio de Sanidad y Consumo, sin que éste, a través de sus organismos competentes, haya dado respuesta a estas peticiones.

En todo caso, el control judicial, financiero y tributario de las actividades presuntamente delictivas de estas empresas le corresponde a la Administración central del Estado, a través de sus Departamentos competentes y escapa al ámbito competencial autonómico de Consumo.

El Ministerio de Sanidad y Consumo ha convocado a las Comunidades autónomas españolas, mañana, jueves, día 11, en la sede del Instituto Nacional de Consumo, en Madrid, a una reunión extraordinaria de la Comisión de Cooperación de Consumo, al objeto de estudiar las posibles repercusiones en este ámbito, compartir la información disponible y establecer en su caso las medidas que se consideren oportunas.

Por parte de la Dirección General de Salud Pública y Consumo se ha remitido a lo largo de la mañana hoy información y orientación, sobre las actuaciones a seguir, a las Oficinas Municipales de Información al Consumidor y a las Secciones de Consumo de las nueve provincias, recogiendo.

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