El letrado del organismo rechaza el argumento de las defensas de que los supervisores eran conocedores de esta práctica
MADRID, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ha defendido su legitimidad frente a la Fundación Caja Madrid y a Bankia para reclamar las cantidades "ilícitamente" dispuestas con las tarjetas 'black' por los 65 acusados debido al rescate de Bankia en 2012, que recibió más de 22.000 millones en ayudas públicas.
"El derecho a la restitución de lo indebidamente dispuesto por los acusados forma parte del perímetro segregado a Bankia y eso no es objeto de reclamación por parte de la Fundación Caja Madrid. Existe una relación de causalidad directa entre el prejuicio causado al FROB con el ilícito penal", ha expuesto Fernando Aizpún, letrado del organismo que ejerce la acusación particular en la causa.
Aizpún ha dicho durante la exposición de sus conclusiones ante el tribunal que juzga el uso de las 'black' que la prueba practicada durante el juicio ha sido en algunos aspectos "terminante y contundente" para desmontar la estrategia de las defensas de que esas tarjetas eran legales, comunes en el sector y conocidas por los supervisores.
En concreto se ha referido a las pruebas aportadas por Bankia, que también ejerce la acusación particular, y ha dicho que la hoja Excel en la que se recoge el desglose de gastos de los 65 encausados está legítimamente obtenida e incluye información "fiable, auténtica y exacta" sobre las compras que cargaron a sus plásticos con un monto total de 15 millones de euros desde 1999 hasta 2012.
"No hay manipulación ni intervención humana" en la elaboración de la prueba pericial, según ha dicho Aizpún desmintiendo así a los exaltos cargos y directivos que alegaron que la tabla contenía errores y adjuntaban gastos simultáneos.
El letrado se ha remitido a la declaración prestada en calidad de testigo por el director corporativo de auditoría de Bankia, Iñaki Azaola, que expuso que no existía ningún apunte contable manipulado en el Excel.
También ha defendido que en el informe pericial de KPMG aportado por la entidad que preside Ignacio Goirigolzarri se explica "muy claramente" la objeción existente en la normativa de cajas de ahorro a que este tipo de tarjetas se utilicen con fines personales, algo que a su juicio, es "indudable" que así se emplearon por los acusados, que se enfrentan a penas de prisión de entre un año y medio a seis por delito continuado de apropiación indebida y administración desleal.
"Hay una objeción estatutaria infranqueable y teñiría de ilicitud cualquier acuerdo de órganos de gobierno de la caja para permitir retribuciones superiores a las que son limitadas por la ley o los estatutos", ha dicho el letrado, que ha afeado a los 65 encausados su alegato de que los supervisores estaban al corriente de esta práctica. "Que la CNMV estuviera al tanto es aún más difícil de aceptar. Es un argumento ineficaz", ha añadido.
CONTRADICCIÓN INTERNA ENTRE LOS ACUSADOS
Aizpún ha recurrido a las declaraciones prestadas por los acusados ante el tribunal que preside la magistrada Ángela Murillo para destacar la "contradicción interna" en la que incurrieron al defender unos que intentaban emplear su 'black' con "prudencia" tal y como se les dijo desde la secretaría general de Caja Madrid, y otros que apuraban el límite mensual para sus gastos personales.
La de hoy es la décimo séptima sesión de juicio en el que la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal se encarga de dirimir si hubo o no uso fraudulento de estas visas a las que tanto los expresidentes de Caja Madrid y Bankia Miguel Blesa y Rodrigo Rato como otros 63 acusados más cargaron gastos personales en joyerías, agencias de viaje, restaurantes o en artículos de lujo.
